¿Vendieron la joya? Denuncias y protestas reacción por el campo Sacha

La adjudicación directa del campo Sacha a Sinopetrol desata una tormenta de críticas: Luisa González, Conaie, UNE, Yasunidos y la Asamblea alzan la voz contra un contrato que entrega hasta el 87,5% del petróleo a un consorcio extranjero, dejando al Estado con migajas.


El viernes 28 de febrero de 2025, en vísperas del feriado de Carnaval, el Gobierno de Daniel Noboa adjudicó el campo Sacha, el más productivo de Ecuador con 77.000 barriles diarios, al consorcio Sinopetrol (Petrolia de New Stratus Energy y Amodaimi de Sinopec) sin licitación pública. El acuerdo, que otorga al consorcio el 87,5% de la producción frente a un 12,5% para el Estado subiendo al 20% solo si el barril alcanza USD 120 , ha encendido la indignación. Luisa González, candidata presidencial de Revolución Ciudadana, prometió revertirlo si gana el 24 de mayo, alegando ilegalidad y posible arbitraje internacional prohibido por la Constitución. Leonidas Iza, líder de la Conaie, lanzó un “plan en defensa de Sacha”, exigiendo suspender el contrato, investigar corrupción y destituir a los ministros Inés Manzano y Gian Carlo Loffredo, convocando a la sociedad civil a resistir.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial, Leonidas Iza, anunció la noche de este miércoles 5 de marzo, un “plan en defensa del campo Sacha”.

Iza se pronunció luego de la carta del mandatario Daniel Noboa en la que indicó que la negociación para la exploración de ese campo petrolero “se mantiene” y que se consiguieron «condiciones» como el desembolso de la prima, equivalente a USD 1.500 millones, recursos que se destinarán a la seguridad, salud, entre otros.

Ante esa postura, Iza convocó a los sectores de la sociedad civil “a levantar su voz y defender del campo Sacha”, y dio a conocer el plan de acción propuesta con ese propósito.

Entre las acciones de ese plan se encuentran:

  • Exigir la suspensión inmediata del contrato entre el Estado y Sinopetrol.
  • Exigir a entidades de control como la Contraloría y la Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción.
  • Destitución de los ministros de Energía y de Defensa, Inés Manzano y Gian Carlo Loffredo, respectivamente, por los posibles casos de corrupción.
  • Y, convocar a todos los sectores de la sociedad civil para coordinar acciones en defensa del país.

La UNE, liderada por Andrés Quishpe, presentó una acción de protección en Quito el 6 de marzo para anular la resolución, mientras asambleístas de Revolución Ciudadana denunciaron ante la Fiscalía delitos como peculado. El FUT y Yasunidos se sumaron al rechazo, señalando un “atraco” económico y autoritarismo, y una Asamblea Ciudadana en la Casa de la Cultura planifica resistencia pacífica con más de 20 organizaciones. La Asamblea Nacional, desde sus comisiones de Fiscalización y Justicia, cuestiona la falta de transparencia en un proceso que afecta un recurso clave en Orellana, vecino de Chimborazo, donde Riobamba sigue atenta al destino de esta “joya petrolera”.

En los exteriores de la Fiscalía, un grupo de ciudadanos gritaba: “Sacha no se roba, Sacha se defiende”.


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