La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Ecuador responsable de las detenciones ilegales y arbitrarias de tres hombres entre 1995 y 1996, en un fallo emitido este 23 de enero de 2025. La sentencia subraya la violación de varios derechos fundamentales de las vÃctimas, quienes fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que responsabiliza al Estado de Ecuador por la detención ilegal y arbitraria de tres hombres entre 1995 y 1996. Las vÃctimas son Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Frank Serrano Barrera, quienes fueron arrestados durante operativos policiales antidrogas en el marco de un contexto de abuso de poder por parte de las autoridades.
La presidenta de la CIDH, Nancy Hernández, explicó que las tres personas fueron sometidas a detenciones ilegales y arbitrarias, lo que violó sus derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia, la igualdad y la no discriminación. Además, destacó que se vulneraron sus derechos a las garantÃas judiciales y a la protección judicial durante los procesos penales en su contra.
La Corte también subrayó que las medidas de prisión preventiva que se les aplicaron a los tres hombres resultaron en una violación a su libertad personal, y mencionó que durante su tiempo privado de libertad, las vÃctimas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes debido a las agresiones y amenazas que recibieron.
El tribunal determinó que, además de los daños directos sufridos por los detenidos, los familiares de las vÃctimas también fueron afectados por los sufrimientos y angustias derivadas de los actos de detención y privación de libertad.
El caso se remonta a hace 30 años, cuando en el contexto de operativos antidrogas, las detenciones fueron realizadas sin las debidas garantÃas legales, como la falta de boleta de detención o una situación de flagrancia, y con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Según la Corte, la normativa que permitió esas detenciones fue incompatible con el principio de legalidad en materia de libertad personal.
