La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que tenía programada una reunión crucial para el 4 de septiembre con el propósito de recibir información del Gobierno sobre investigaciones de tráfico ilegal de combustibles, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum. Los asambleístas Alexandra Arce y Leonardo Berrezueta (Revolución Ciudadana); Otto Vera y Alexandra Castillo (Partido Social Cristiano); y Sandra Rueda (Construye) no asistieron a la sesión.
La presidenta de la comisión, la oficialista Inés Alarcón, expresó su frustración por la inasistencia de los legisladores, considerando el tema de "vital importancia". Alarcón ha solicitado que la Secretaría de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sean informados sobre las ausencias no justificadas para que se tomen medidas disciplinarias.
"El tráfico de combustibles es un problema grave que puede llevar a otros delitos graves, como el crimen organizado y el terrorismo. Lamentablemente, la vieja política sigue afectando la fiscalización de estos temas", señaló Alarcón.
José Neira, secretario de Integridad Pública, también expresó su indignación, calificando como "inaceptable" que la falta de asistencia impidiera la discusión de la investigación en curso. La legisladora Lucía Jaramillo, ahora aliada del Gobierno, también se unió a las críticas y cuestionó a los ausentes, preguntándose si temen que se revelen negocios ilícitos.
El Gobierno, encabezado por Daniel Noboa, denunció el 12 de julio de 2024 al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por supuesta comercialización ilegal de combustibles mediante empresas familiares. En la reunión estaban convocados, entre otros, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, quien asistió, y la ministra del Interior, Mónica Palencia, así como el comandante de Policía, Víctor Zarate, que envió delegados.
