La tarde de este 4 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se prepara para reactivar con rapidez el juicio político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Esta decisión surge tras la reunión matutina del CAL, que discutió el segundo pedido de juicio presentado por el asambleísta Héctor Valladares, de la Revolución Ciudadana.
El documento fue remitido a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para su revisión. Se espera que esta misma tarde se emita un informe que permitirá tomar decisiones sobre el futuro del juicio.
El asambleísta Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC) y miembro del CAL, confirmó que el pedido de Valladares se unificará con una solicitud previa presentada por Gissela Garzón. La intención es enviar ambos pedidos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para su análisis conjunto. Acaiturri subrayó que, siguiendo el requerimiento de la Fiscal, se reactivará el juicio político, el cual había sido suspendido debido a un embarazo de riesgo de Salazar.
El 19 de agosto, Salazar solicitó a la Asamblea la reactivación de la fiscalización en su contra, tras la suspensión temporal. Además, el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, sigue suspendido por una decisión judicial, lo que ha permitido priorizar el caso de Salazar.
Por otra parte, el juez Édgar Romero ha ordenado la reactivación de juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, como el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y la exsecretaria de la Administración, Sebastián Corral. Sin embargo, la resolución final depende del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre una sentencia de 2023, que afirma que la justicia ordinaria no puede intervenir en los procesos de fiscalización relacionados con juicios políticos.
