Una tormenta judicial sacude los cimientos políticos de la provincia de El Oro. Este martes 7 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente la medida de prisión preventiva para Darío Macas Salvatierra, actual alcalde del cantón Machala, y para su cónyuge, Carmen Ch. P. El requerimiento del Ministerio Público se efectuó en el marco de la audiencia de formulación de cargos, una diligencia de alta tensión que se desarrolló de manera telemática debido a las condiciones del caso. Adicionalmente, como una acción de carácter real para asegurar el proceso, la institución persecutora del delito demandó la retención inmediata de todos los valores económicos y fondos financieros que los dos ciudadanos procesados mantienen custodiados en distintas entidades bancarias del sistema nacional.
La referida diligencia judicial se inscribe de forma estricta dentro de una investigación de gran envergadura por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Las tesis de los agentes fiscales sostienen firmemente que, durante el período comprendido entre los años 2019 y 2025, el matrimonio integrado por Macas y su esposa registró un descomunal incremento patrimonial de carácter injustificado, cuyo monto económico preliminar se aproxima a los seis millones de dólares americanos. Tras escuchar las extensas y detalladas intervenciones de cada una de las partes procesales e institucionales involucradas, el juez de la causa determinó suspender la audiencia, programando su reanudación para las 21:00 horas de este mismo martes, momento exacto en el cual se anunciará de manera pública y oficial la resolución definitiva sobre el pedido de prisión preventiva planteado con firmeza por la Fiscalía.
El origen de este escenario judicial se remonta al pasado lunes 6 de julio de 2026, fecha en la que las fuerzas del orden público ejecutaron un operativo relámpago en el territorio de la provincia de El Oro, logrando la detención física de Darío Macas Salvatierra y de Carmen Ch. P. Es indispensable precisar que esta indagación penal dio sus primeros pasos en junio de 2026, bajo la tutela jurídica de la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, abarcando de forma exhaustiva el rastreo de las actividades económicas, comerciales y financieras asociadas de forma directa tanto al alcalde machaleño como a todo su entorno cercano.
Por su parte, el ministro del Interior de la nación, John Reimberg, compareció para confirmar de manera pública el éxito del operativo y la detención de la máxima autoridad de la capital orense. La autoridad estatal explicó pormenorizadamente que las intervenciones tácticas en territorio permitieron mapear e identificar con absoluta precisión el supuesto incremento patrimonial ilícito, el cual se encontraba estrechamente vinculado con un entramado de empresas de carácter netamente familiar. Asimismo, Reimberg lanzó una dura confirmación al señalar que varias de las referidas compañías del entorno del alcalde operaban bajo la modalidad de empresas fantasmas o de papel, salpicando además en sus declaraciones a diversas dependencias de carácter administrativo pertenecientes al propio Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Machala. Además, el funcionario emitió una advertencia directa hacia los jueces y fiscales encargados de tutelar y resolver el caso.
El informe oficial provisto por el Ministerio del Interior expone que las labores de inteligencia e investigación financiera se extendieron de forma ininterrumpida por un lapso superior a un año. A lo largo de dicho ciclo temporal, los analistas y los equipos especializados auditaron minuciosamente los movimientos financieros y los registros de actividades empresariales ligadas al nombre de Macas. Como resultado colateral del mismo operativo de captura, las autoridades no solo detuvieron a Carmen Ch., esposa del burgomaestre, sino que también procedieron con el arresto de una ciudadana identificada legalmente como Andrea I., quien ha sido catalogada por las autoridades judiciales como una amiga muy cercana al círculo íntimo de la pareja gobernante.
La Fiscalía insiste en que las transacciones financieras que bordearon y pasaron por las arcas de las denominadas empresas fantasmas ascienden a un aproximado de seis millones de dólares, lo que cimienta la base jurídica indiscutible del proceso por enriquecimiento ilícito que se encuentra en fase de formulación de cargos. Dentro del expediente técnico y el dossier de evidencias presentadas ante el juzgado se detalló la existencia de una empresa particular dedicada a la rama de los servicios de construcción, en la cual el procesado Darío Macas ostenta el control absoluto al poseer el 90 % de las acciones. Esta compañía en mención figura simultáneamente como proveedora y prestadora de servicios de obras para el propio Municipio de Machala. Los peritajes incorporados a la investigación revelan de igual manera operaciones sospechosas consistentes en masivos retiros de dinero en efectivo y el cobro en ventanillas de cheques bancarios por un monto global cercano a los 750 000 dólares, acompañados de depósitos individuales recurrentes de 400 000 y 500 000 dólares registrados en diversas cuentas corrientes y de ahorros.
Los hallazgos sumaron mayor contundencia tras el reporte oficial emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Dicho organismo de control del Estado informó de forma taxativa haber detectado y desarticulado una presunta estructura económica criminal que operaba en vinculación directa con el ciudadano Darío Macas, quien ejerce las funciones de alcalde de Machala desde su elección en el año 2019. El reporte especializado de la UAFE encendió las alertas al identificar múltiples indicadores financieros catalogados técnicamente bajo la etiqueta de alto riesgo.
Entre dichos hallazgos analíticos sobresale un incremento vertical del 74 % en los ingresos financieros reportados por el investigado a partir del año 2020, un período temporal que coincide milimétricamente con el arranque formal de su administración al frente de la municipalidad. Un dato técnico sumamente alarmante aportado por la UAFE desvela que el 87 % de la totalidad de los depósitos monetarios registrados de forma histórica en las cuentas del alcalde correspondieron a operaciones físicas ejecutadas directamente con dinero en efectivo.
El examen pormenorizado descubrió además un patrón de comportamiento financiero inusual: la existencia de múltiples transacciones electrónicas seguidas de manera inmediata por retiros de fondos concretados el mismo día o, a más tardar, al día posterior. Esta dinámica transaccional, según los analistas financieros del Estado, responde a una estrategia preconcebida dirigida a romper y disolver la trazabilidad de los recursos económicos públicos. El informe técnico concluye detallando el uso de compañías comerciales legalmente constituidas en los sectores económicos camaronero y de la construcción, las cuales servían como canales y vehículos para la movilización de ingentes cantidades de recursos financieros. Esta red de relaciones transaccionales mutuas con los propios contratistas del Municipio de Machala permitió la edificación de una estructura sofisticada dedicada en su totalidad al movimiento sistemático de dinero. El destino legal inmediato del alcalde de Machala y de su esposa descansa enteramente en la decisión del magistrado, quien resolverá la vigencia o no de la prisión preventiva solicitada.
#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: con base en los elementos presentados, #FiscalíaEc solicita la prisión preventiva para Darío M. S., alcalde de #Machala, y Carmen Ch. P. Como medida de carácter real, pide la retención de valores en entidades financieras de ambos ciudadanos.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 7, 2026
