Este lunes 24 de febrero de 2025 quedará marcado como un día clave en la historia política de Riobamba, pero no necesariamente por los motivos correctos. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con una votación de cuatro a uno, decidió anular la resolución que buscaba remover al alcalde John Vinueza Salinas de su cargo. La decisión, aunque legalmente fundamentada, ha generado un debate intenso sobre la calidad democrática y las implicaciones éticas de este proceso.
El TCE basó su fallo en presuntas irregularidades procedimentales durante el proceso de remoción impulsado por siete concejales del Concejo Cantonal de Riobamba, quienes votaron a favor de separar al alcalde de su cargo el pasado 19 de enero. Según el análisis presentado por el juez Dr. Guillermo Ortega, se vulneró el debido proceso cuando la vicealcaldesa Maritza Díaz participó activamente en la comisión de mesa encargada de evaluar la remoción, pese a tener un evidente conflicto de intereses. “No se respetaron las formalidades ni el procedimiento previsto en las formas legales invocadas”, señaló Ortega en su ponencia.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. El juez Fernando Muñoz salvó su voto y cuestionó duramente la actuación de la vicealcaldesa, a quien acusó de adoptar una "actitud arbitraria y pertinaz". Muñoz incluso propuso que el caso sea derivado a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles responsabilidades penales, destacando lo que calificó como un "rompimiento del Estado de Derecho" por parte de autoridades municipales.
Más allá de las consideraciones jurídicas, la resolución del TCE ha dejado un reguero de interrogantes sobre la legitimidad de las acciones tanto del alcalde como de los concejales involucrados. Para muchos ciudadanos, esta sentencia no es más que un reflejo de las profundas grietas institucionales que atraviesan el gobierno local. Santiago Monar, un ciudadano y analista político, expresó en sus redes sociales que “la decisión del contencioso no lava la cara por su mala gestión” y subrayó que tampoco convierte al alcalde en un héroe o inocente.
Monar también criticó la conducta de los concejales, afirmando que “los errores de unos no justifican los abusos de otros”. En su reflexión, utilizó una metáfora contundente: “El burro que cargaba al santo pensaba que las bendiciones eran para él… Quien en esta coyuntura no distinga a quién se le hace la venia, simplemente está más jodido que el mismísimo burro”.
No sólo incumplieron la norma para la #remoción del Alcalde de #Riobamba @johnvinueza @johnvinueza #Ahora jueces del #TCE piden que la #Fiscalía investigue el procedimiento de la #comisióndemesa de la #vicealcaldesa #MaritzaDíaz
— Pancho Andino (@panchoandino_) February 24, 2025
Un discurso conciliador frente a una realidad fracturada
Tras conocerse la decisión, el alcalde John Vinueza pronunció un discurso que invitaba al trabajo conjunto y a la unidad. Acompañado por representantes de las 11 parroquias rurales, Vinueza aseguró que no guarda resentimiento contra los siete concejales que promovieron su remoción y reiteró su disposición al diálogo. Sin embargo, paradójicamente, el alcalde confirmó que continúa el proceso de remoción contra esos mismos concejales, lo que genera dudas sobre la sinceridad de su llamado a la reconciliación.
En su intervención, Vinueza destacó los logros de su gestión, incluyendo proyectos de infraestructura como el asfaltado de 20 km de vías y la instalación de tuberías de alcantarillado y agua potable. No obstante, reconoció fallas en la comunicación con la ciudadanía y prometió mejorar este aspecto mediante una rendición de cuentas pública.
Pero las palabras del alcalde contrastan con la percepción de muchos riobambeños, quienes han expresado su descontento con su liderazgo. Las críticas apuntan no solo a supuestas irregularidades administrativas, como el polémico contrato de 62 mil dólares por cuatro lavabos y sanitarios, sino también a una creciente sensación de desconexión entre el gobierno municipal y las necesidades reales de la población.
¿Quién gana y quién pierde?
Lo cierto es que, en este caso, nadie parece salir bien librado. Por un lado, la anulación de la remoción del alcalde expone graves deficiencias en el funcionamiento del Concejo Cantonal, cuya actuación fue calificada por el TCE como ilegal e irresponsable. Por otro lado, la permanencia de Vinueza en el poder no borra las sombras de sospecha que pesan sobre su gestión ni restaña las heridas de una ciudad polarizada.
La decisión del TCE, aunque técnicamente válida, deja en evidencia la fragilidad de las instituciones locales y la falta de mecanismos efectivos para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, los ciudadanos de Riobamba siguen pagando los costos de una crisis política que parece no tener fin.
Como concluyó Santiago Monar en su reflexión: “Una pena por Riobamba”.
