El ministro de Gobierno, José De La Gasca, ha expresado preocupación por denuncias relacionadas con la violación del voto secreto y la coacción electoral durante la primera vuelta electoral en Ecuador. Según el funcionario, en algunas provincias se reportaron casos de ciudadanos obligados a votar bajo amenazas, incluso siendo forzados a tomar fotografías de su papeleta para demostrar su apoyo a un candidato específico. Ante estas acusaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará este lunes 24 de febrero a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y organismos de inteligencia para analizar la situación y determinar posibles medidas correctivas antes de la segunda vuelta.
El ministro De La Gasca señaló que ciertos municipios habrían condicionado la renovación de permisos y otros trámites administrativos a la presentación de constancias de voto, lo cual consideró "gravísimo". Aunque evitó profundizar en polémicas políticas, instó a que estas denuncias sean investigadas formalmente por la Fiscalía para garantizar que el proceso electoral sea libre y no coaccionado.
"Queremos preservar el voto libre, el voto no coaccionado", declaró De La Gasca durante una entrevista con Televistazo.
El consejero del CNE, José Cabrera, anunció que el organismo buscará reunirse con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus organismos de inteligencia para obtener información detallada sobre los hechos denunciados. El objetivo es determinar si estas irregularidades son casos aislados o forman parte de un problema más generalizado.
"Buscamos tener información detallada y con mayores argumentos. Esto nos permitirá evaluar si es necesario adoptar medidas restrictivas, como prohibir el ingreso de celulares al biombo del sufragio en la segunda vuelta", explicó Cabrera.
Cualquier decisión sobre nuevas medidas deberá ser aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya que, según Cabrera, estas resoluciones deben ser consensuadas entre todos los consejeros.
El exjefe del Comando Conjunto, general Wagner Bravo, destacó la necesidad de implementar un mayor control en las juntas receptoras del voto y reforzar el trabajo de inteligencia para garantizar la tranquilidad de los electores.
"Lo más importante es inteligencia. Recordemos que estos delincuentes, de ser el caso, no están visitando casa por casa ni enviando mensajes directamente. Con tecnología y una denuncia previa, la Fiscalía podría ordenar investigaciones sobre envíos masivos de mensajes intimidatorios", afirmó Bravo.
Tras la reunión entre los miembros del CNE, la cúpula militar y la Policía Nacional, se evaluará la gravedad de las denuncias y se identificarán las zonas del país donde, según el Gobierno, ocurrieron supuestas irregularidades. Estas acciones buscan garantizar que la segunda vuelta electoral transcurra sin incidentes que comprometan la transparencia del proceso.
