La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por los 16 militares involucrados en la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas fue suspendida este miércoles, según informó la Fiscalía General del Estado. La resolución final será anunciada el jueves 20 de febrero a las 10:00. Mientras tanto, familiares de las víctimas y representantes legales de los militares esperan con ansias el veredicto que definirá el futuro de los acusados.
El caso de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, respectivamente, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, ha conmocionado al país desde su desaparición la noche del 8 de diciembre de 2024. Los menores fueron detenidos por una patrulla militar compuesta por 16 soldados en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, tras ser señalados como sospechosos de participar en un asalto.
Según la versión oficial de los militares, los adolescentes fueron trasladados hacia la zona de Taura, donde se encuentra una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y posteriormente liberados. Sin embargo, desde ese momento, no se volvió a saber nada de ellos.
El 24 de diciembre, restos humanos calcinados fueron encontrados en un manglar de Taura. El 31 de diciembre, las autoridades confirmaron que pertenecían a los cuatro jóvenes, lo que llevó a la detención de los 16 militares implicados por el presunto delito de desaparición forzada. Actualmente, los acusados permanecen recluidos en Latacunga bajo prisión preventiva.
Durante la audiencia de apelación, realizada de manera mixta con la presencia física del juez y la participación virtual de las partes, los abogados defensores de los militares argumentaron para revertir la medida cautelar, mientras que los familiares de las víctimas, representados por el abogado Fernando Bastias del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), insistieron en mantener la prisión preventiva.
Bastias rechazó categóricamente el planteamiento del Gobierno, señalando que la desaparición forzada no puede ser tratada únicamente como un delito penal, sino también como una grave vulneración de derechos humanos. "Estamos ante un crimen de lesa humanidad que requiere justicia integral", declaró el jurista.
Los familiares de los menores, quienes siguieron la diligencia de forma telemática, expresaron su desesperación y frustración ante la falta de respuestas claras sobre lo ocurrido aquella fatídica noche. Para ellos, es fundamental que la medida de prisión preventiva se mantenga, ya que consideran que los militares tienen responsabilidad directa en la desaparición y muerte de los adolescentes.
Por otro lado, los representantes legales de los militares han argumentado que no existen pruebas contundentes que demuestren su participación activa en el crimen y que deberían ser liberados mientras continúa el proceso judicial.
La decisión final sobre la apelación a la prisión preventiva será comunicada este jueves 20 de febrero a las 10:00. Mientras tanto, el caso sigue generando debate nacional sobre la transparencia en las fuerzas armadas y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
