La sentencia del caso Metástasis, que desentrañó una estructura criminal al servicio del fallecido narco Leandro Norero, ya fue notificada a los 20 implicados. En el documento, que consta de 2.985 hojas, se ratifica la culpabilidad de los condenados y se establece una reparación integral de cuatro millones de dólares, además de penas de prisión que van desde tres hasta diez años. Sin embargo, los sentenciados podrían apelar el dictamen.
El Tribunal, integrado por tres jueces, confirmó las penas impuestas tras casi tres meses de la lectura verbal del veredicto. Xavier Novillo, alias "Novita", fue identificado como el líder de la red criminal que incurrió en el delito de delincuencia organizada. Este sujeto deberá cumplir una pena de **10 años de cárcel y pagar una multa de 40 Salarios Básicos Unificados (SBUs), equivalentes a más de 18 mil dólares.
Otros implicados, entre ellos Wilman Terán (alias ‘El Diablo’), exdirector de prisiones Pablo Ramírez, y Claudia Garzón, de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, fueron catalogados como colaboradores en distintos grados. Estos últimos recibirán penas que oscilan entre tres y nueve años de prisión, además de una multa de 22 SBUs, equivalente a más de 10 mil dólares.
El Tribunal ordenó que todos los condenados paguen de manera solidaria cuatro millones de dólares como indemnización material, considerando que actuaron como autores del delito. Además, como medida de satisfacción del derecho violado, se dispuso la publicación del fundamento de la condena en tres diarios de amplia circulación nacional, a cargo de los implicados.
Se ratificaron también las medidas cautelares sobre los bienes de los sentenciados, incluyendo el comiso de acciones, participaciones y derechos en personas jurídicas utilizadas para la consumación del delito, como las empresas CEIMPRO Cía. Ltda. y LIONFF REALTY INC., esta última con sede en Panamá.
Los magistrad
os solicitaron enviar copias certificadas del fallo a la Fiscalía para iniciar investigaciones contra jueces, fiscales, periodistas y abogados mencionados durante el juicio. Se destacó un enfoque especial en el presunto delito de lavado de activos, vinculado a figuras como Armando R. (alias ‘Camello’), Eduardo R., Ronald G. (alias ‘Momia’ o ‘R’) y Pablo R.
En un mensaje dirigido a los servidores judiciales, los jueces citaron al filósofo Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”. También pidieron al Consejo de la Judicatura difundir este mensaje a través de redes sociales y correos electrónicos.
Una vez notificada la sentencia, los implicados tienen la opción de interponer recursos como apelación, aclaración o ampliación del dictamen, lo que podría prolongar el proceso judicial.
El caso tuvo su origen en los equipos telefónicos del fallecido narco Leandro Norero Tigua, cuyo análisis reveló una estructura delictiva que operaba en instituciones clave como la Corte Nacional, Cortes Provinciales, Juzgados de primer nivel, Fiscalías, el Servicio Penitenciario (SNAI) y la Policía Nacional, principalmente en Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Este grupo ejecutaba actividades ilícitas para obtener beneficios económicos, judiciales y penitenciarios. Además de los 20 sentenciados, otros 10 implicados, incluida Mayra Salazar, aceptaron procedimientos abreviados. Salazar, considerada una pieza clave en el caso, ha sido vinculada a otros procesos en curso.
