El presidente y candidato Daniel Noboa enfrenta cinco denuncias por presuntas infracciones electorales en el marco de la campaña para los comicios del 9 de febrero de 2025. Estas denuncias se encuentran en distintas etapas procesales en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Primera denuncia: archivada por falta de requisitos
Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por Avanza, presentó la primera denuncia el 6 de enero, pero esta fue archivada por el juez Fernando Muñoz. El magistrado determinó que Tillería no cumplió con los requisitos legales, ya que compareció personalmente y no a través del representante legal de su organización política, como exige el Código de la Democracia.

Segunda denuncia: en sustanciación
El abogado Adolfo Fernando Espinel presentó una denuncia el 7 de enero por una presunta infracción electoral grave, alegando que Noboa habría inducido al voto mientras ejercía funciones públicas. Este caso, asignado al juez Ángel Torres, se encuentra en etapa de sustanciación, a la espera de que el denunciante complete el escrito inicial.
Cuarta denuncia: admitida a trámite
La denuncia presentada el 9 de enero por Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, y Giovanni Atarihuana, director de dicho movimiento, es la única que ha sido admitida a trámite. Se acusa a Noboa de utilizar recursos públicos con fines electorales, en presunto incumplimiento de los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia. El juez Joaquín Viteri otorgó cinco días para que Noboa presente sus pruebas de descargo antes de la audiencia oral de prueba y alegatos.
Quinta denuncia: en sustanciación
La última denuncia fue interpuesta el 13 de enero por Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional y candidato del Partido Social Cristiano (PSC). Este caso, que incluye acusaciones relacionadas con los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia, está en manos del juez Guillermo Ortega, quien ha solicitado aclaraciones y complementos al denunciante.
Mientras avanza el proceso electoral, el presidente Noboa deberá defenderse de estas acusaciones en el marco legal vigente, en medio de un intenso contexto político y judicial.