La Fiscalía solicitó medidas cautelares contra los 9 involucrados en el caso 'Altares', que investiga presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en el Municipio de Riobamba. Durante la audiencia, se revelaron conversaciones telefónicas interceptadas que sugieren la venta de cargos en la Dirección de Movilidad y la manipulación de adjudicaciones. Entre los procesados se encuentran tres concejales y funcionarios municipales.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, donde la Fiscalía presentó acusaciones contra los nueve investigados. Los procesados, que ingresaron al edificio acompañados de familiares y amigos, enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.
La investigación comenzó tras allanamientos realizados por la Policía Nacional y la Fiscalía en el Municipio de Riobamba y la Dirección de Movilidad, donde se habría operado una red de corrupción desde 2023. Según las autoridades, los implicados habrían obtenido beneficios económicos mediante negociaciones ilícitas con personas detenidas por lavado de activos y vínculos con funcionarios judiciales y de movilidad.
Durante la audiencia, se presentaron conversaciones telefónicas interceptadas que evidenciarían la venta de cargos en la Dirección de Movilidad y la manipulación de adjudicaciones. Estas pruebas serán clave para determinar la responsabilidad de los acusados.
Entre los detenidos se encuentran los concejales Galo F., Carlos A. y Edison T., mientras que el cuarto edil, Rafael Q., sigue prófugo. También están implicados funcionarios municipales cuyos nombres no han sido revelados.
Medidas cautelares solicitadas:
Prohibición de salida del país.
Presentación periódica ante la Fiscalía.
Extracción de información de dispositivos electrónicos incautados.
Además, pide que se dicten las medidas contempladas en el artículo 522, numeral 1, que prohíbe a los procesados ausentarse del país, y el numeral 2, que establece la presentación periódica ante la autoridad correspondiente según lo ordenado por la jueza. También solicita el desbloqueo, apertura y extracción de información de los equipos tecnológicos incautados, así como la materialización física y lógica de los teléfonos mediante el uso de herramientas forenses, conforme a lo mencionado en las partes policiales.
