La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo», conformada por 74 familias campesinas de la provincia de Los Ríos, ha denunciado un presunto despojo ilegal e ilegítimo de sus tierras en el cantón Palenque, a raíz de un fallo judicial cuestionable y la utilización de documentos presuntamente falsificados. Esta situación culminó en el desalojo de 450 personas hace dos años, y ahora, las familias demandan la restitución de la exhacienda “Jesús María”, que ha sido parte de su sustento por generaciones.
Historia de lucha y despojo
La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» fue fundada oficialmente en 2009, aunque su historia data de los esfuerzos de generaciones de trabajadores agrícolas en la región cacaotera y bananera durante el auge y la crisis del cacao. Los apellidos Álvarez, Cedeño, Bustamante, Aguirre e Ibarra, entre otros, son testimonio de la lucha que culminó con la adjudicación de la exhacienda “Jesús María” en 2012 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Con la escritura pública registrada en enero de 2012, las familias transformaron el modelo productivo de la hacienda, reemplazando el monocultivo intensivo por un sistema más diversificado y sostenible, destinado al mercado interno. Sin embargo, en 2021, un informe del MAG, dirigido por Javier Lazo, alteró los nombres de los adjudicatarios y transfirió las tierras a ocho personas ajenas a la comunidad campesina. A partir de ahí, comenzó un largo proceso judicial, donde el fallo final, emitido por la jueza Linda Silva en la Unidad Judicial Multicompetente de Vinces, favoreció a los nuevos propietarios, a pesar de un voto salvado a favor de las familias.
Desalojo y consecuencias
El conflicto escaló en febrero de 2023, cuando el juez Claudio Yuvicura Torres ordenó el desalojo de las familias, el cual se ejecutó en marzo del mismo año. Según denuncias, el operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional y de grupos armados irregulares, lo que generó una situación de violencia extrema. Las familias, que fueron desalojadas, vieron cómo se destruían sus cultivos familiares y se deforestaban 50 hectáreas de bosque primario, las cuales formaban parte de la zona de amortiguamiento del humedal Abras de Mantequilla, un área protegida.
El desalojo ha dejado a las 74 familias desplazadas, enfrentando graves condiciones de precariedad, sin acceso a tierra, vivienda, educación o alimentos suficientes. Daniel Castañeda, dirigente de la Asociación, relató a Kapari Comunicación: "Fuimos desalojados injustamente con papeles falsificados. De repente llegaron abogados a decir que esa hacienda les pertenecía".
Ventas y vínculos controvertidos
A finales de agosto de 2024, las tierras de la exhacienda “Jesús María” fueron vendidas a los empresarios Harold A. y Karina A., vinculados a la agroindustria y a otros sectores, como telecomunicaciones. Según medios locales, ambos tienen antecedentes relacionados con tráfico de drogas y robo, lo que ha sumado una capa de controversia al caso.
Demandas de la Asociación Agropecuaria «30 de Marzo»
La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» ha planteado varias demandas urgentes:
- Que la Corte Constitucional falle a su favor y restituyan las tierras de la exhacienda “Jesús María” a las 74 familias campesinas.
- Una investigación profunda y sanción a los responsables del despojo, incluidos funcionarios del MAG y miembros de la Función Judicial que actuaron en el caso.
- La comparecencia del ministro de Agricultura y Ganadería, así como del presidente del Consejo de la Judicatura, ante la Asamblea Nacional.
- Que el expediente completo sea remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos de tráfico de tierras y otros posibles ilícitos.
Este caso se ha convertido en un símbolo de lucha por la justicia y los derechos territoriales de las comunidades campesinas, y la Asociación espera que la Corte Constitucional pueda garantizar un fallo que respete los derechos de las familias afectadas.
