La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la controversial "Ley Antipillos", argumentando que esta norma impone nuevas cargas tributarias que perjudican a las familias ecuatorianas.
“La ley, más que combatir el lavado de activos, busca aumentar la carga tributaria a las familias ecuatorianas”, señaló Veloz, quien instó al máximo intérprete de la Constitución a limitar el alcance de esta norma.
La Ley, que entró en vigor el pasado 10 de diciembre, establece nuevas tarifas impositivas, como un cobro adicional por la compra de vehículos usados. Estas medidas, previstas para implementarse a partir de enero de 2025, han generado un rechazo generalizado entre diversos sectores políticos y sociales, que consideran que afectan especialmente a la clase media.
El Pleno de la Asamblea Nacional archivó esta norma el 27 de noviembre. Sin embargo, su implementación por parte del Ejecutivo ha avivado la polémica y el debate sobre su constitucionalidad.
