ONU Señala Preocupaciones por la Corrupción y Seguridad en el Sistema Judicial de Ecuador
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su inquietud sobre el sistema de justicia de Ecuador, en un informe emitido este jueves 7 de noviembre de 2024, desde Ginebra. El documento detalla serias preocupaciones relacionadas con la corrupción que afecta al Poder Judicial y la penetración del crimen organizado en las instituciones de justicia del país.
El informe subraya que investigaciones de la Fiscalía General han revelado sobornos pagados a funcionarios por parte de estructuras criminales para obtener decisiones favorables. Casos como Metástasis, Plaga y Purga han sacado a la luz la influencia de grupos delictivos en las cortes de justicia, el Consejo de la Judicatura, y otros organismos clave, incluyendo a fiscales y policías.
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, calificó esta situación como una amenaza al Estado de derecho, destacando la vulnerabilidad del sistema ante asesinatos e intimidaciones hacia jueces y fiscales. “El Poder Judicial está en una situación muy delicada”, afirmó Gómez, pidiendo mayor apoyo estatal para combatir la corrupción desde el interior.
El Comité también expresó alarma por la militarización de las cárceles y el impacto del crimen organizado en el sistema penitenciario. Adicionalmente, instó al gobierno a tomar medidas para reducir el hacinamiento y el número de personas en prisión preventiva.
En relación a los derechos humanos, la ONU criticó la continuidad de los estados de excepción, que se han mantenido de forma constante durante seis años, limitando libertades fundamentales como la circulación y la asociación, afectando especialmente a grupos vulnerables como indígenas y migrantes.
Otro punto señalado fue la discriminación y violencia persistente contra la comunidad LGTBI, incluida la práctica clandestina de "terapias de conversión". Respecto a los derechos de las mujeres, se reconoció la aprobación de una ley que regula el aborto en casos de violación, pero se lamentó que la interrupción del embarazo aún se considere un delito, con obstáculos derivados de la objeción de conciencia médica.
El Gobierno de Daniel Noboa participó en la sesión de la ONU con una delegación encabezada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca.
