La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, denunció un caso de difamación con contenido falso presuntamente orquestado por Fernando Villavicencio, exasambleísta. La mandataria anunció acciones legales mientras expertos evalúan posibles sanciones penales y civiles.
En abril de 2023, durante el tenso juicio político contra el entonces presidente Guillermo Lasso por el caso de peculado relacionado con un contrato entre Amazonas Tanker y Flopec, la Asamblea Nacional se convirtió en escenario de escándalos políticos y personales. Viviana Veloz, entonces asambleísta y actual presidenta de la Asamblea, fue objeto de un ataque mediático con la difusión de un video íntimo falso que buscaba dañar su imagen.
La reciente revelación de chats filtrados por el medio digital La Posta expuso la participación de Fernando Villavicencio, quien en un mensaje del 17 de abril de 2023 a las 17:04 envió dicho contenido a José Najas, gerente de Radio Sucesos. En la conversación, Villavicencio sugirió difundir el material al afirmar: "Haga circular con los clientes", después de intercambiar mensajes sobre la autenticidad del video.
Viviana Veloz expresó su repudio ante estos hechos, calificándolos como un intento premeditado de destruir su reputación. “Es triste ver cómo se orquestó este ataque para destruir mi honor. Esto no es periodismo; es una mancha que daña la profesión”, manifestó Veloz en una declaración pública, confirmando además que tomará medidas legales para que los responsables enfrenten consecuencias.
Especialistas consultados señalan que este caso podría tener un desenlace judicial si se presenta con pruebas contundentes. Las sanciones podrían incluir la aplicación del Artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de privación de libertad de quince a treinta días para quienes difamen a otros. Asimismo, el Artículo 2231 del Código Civil permite demandar indemnización pecuniaria por imputaciones injuriosas que dañen la honra o el crédito de una persona.
Este incidente plantea un serio debate sobre los límites del periodismo, el uso de información falsa como herramienta de desprestigio y la responsabilidad de los actores políticos y mediáticos.