La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denuncia que la Corte Constitucional ha ignorado a las comunidades afectadas por el devastador derrame de petróleo en los ríos Coca y Napo, un desastre ambiental que ocurrió en 2020. Cuatro años después, las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
El 7 de abril de 2020, Ecuador vivió uno de los peores desastres ambientales de su historia: el derrame de 15.800 barriles de petróleo en los ríos Coca y Napo, debido a la rotura de oleoductos. Este evento, que afectó gravemente a las comunidades kichwas de la Amazonía ecuatoriana, ocurrió en medio de la crisis sanitaria por COVID-19 y, según expertos, pudo haberse evitado.
A pesar de las advertencias científicas sobre el riesgo de erosión que comprometía la infraestructura del sistema de transporte de crudo, las autoridades, junto con las operadoras Petroecuador y OCP, no tomaron medidas preventivas. Desde entonces, las comunidades afectadas han solicitado justicia, pero la Corte Constitucional, que en 2021 calificó el caso como “novedoso y de trascendencia nacional”, aún no ha convocado audiencias ni ha dado respuesta.
Las consecuencias del desastre siguen siendo devastadoras: la contaminación de los ríos persiste, afectando la salud física y mental de las personas, la agricultura y la vida acuática. Niños y niñas enfrentan problemas graves como ansiedad, depresión y enfermedades respiratorias. Sin embargo, la Corte ha evitado abordar estos problemas, lo que ha generado un profundo malestar en las comunidades.
La Alianza por los Derechos Humanos exige que la Corte escuche las demandas de las comunidades afectadas, convoque una audiencia pública urgente y garantice una reparación integral, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La organización subraya que este caso refleja un incumplimiento grave de las obligaciones nacionales e internacionales, y hace un llamado a la comunidad internacional para unirse a la exigencia de justicia.
