Dominique Dávila, abogada defensora de la vicepresidenta Verónica Abad, afirmó que la segunda mandataria no incumplió ninguna norma legal respecto a su traslado a Turquía, ya que la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece un plazo de hasta 30 días para dicho proceso. Esta declaración se da en el marco del sumario administrativo que continúa en contra de Abad, luego de que la Unidad Judicial Penal negó su acción de protección.
Dávila explicó que aún existen varios mecanismos para proteger a la vicepresidenta de la posible destitución, señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) ha emitido pronunciamientos a favor de los funcionarios electos por votación popular, quienes no pueden ser sumariados, como lo está intentando el Ministerio de Trabajo.
Detalles del Caso
La controversia comenzó cuando el viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Barberis, emitió un memorando el 27 de agosto de 2024, ordenando el traslado de Abad a Turquía antes del 1 de septiembre. La abogada Dávila destacó que el viceministro no tenía la autoridad para dar dicha orden a la vicepresidenta.
El 28 de agosto, la Vicepresidencia alertó sobre posibles observaciones de la Contraloría por el doble gasto que implicaría el traslado, solicitando aclaraciones al Ministerio de Trabajo. Finalmente, el 5 de septiembre, el viceministro Barberis aprobó el traslado de Abad.
Según Dávila, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial el 11 de septiembre para iniciar el sumario, pese a que el hecho ocurrió el 1 de septiembre, lo que, según la abogada, vulnera los derechos de la vicepresidenta y de los ciudadanos que la eligieron.
Línea de Tiempo del Caso
- 27 de agosto: El viceministro Jaime Barberis emite el memorando para el traslado de Verónica Abad.
- 28 de agosto: La Vicepresidencia alerta sobre posibles observaciones de la Contraloría.
- 2 de septiembre: La Cancillería coordina fechas y estadía del viaje.
- 5 de septiembre: El viceministro aprueba el traslado.
Próximos Pasos
Tras la negativa de la acción de protección por parte de la jueza Gloria Mayorga, el caso será elevado a la Sala Provincial de Pichincha, donde se insistirá en la medida cautelar. La abogada Dávila advirtió que la omisión de la Función Judicial podría tener repercusiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
