Presuntas Irregularidades en el Gobierno de Daniel Noboa: Contratos, Adjudicaciones y Proyectos Bajo la Lupa

Presuntas Irregularidades en el Gobierno de Daniel Noboa: Contratos, Adjudicaciones y Proyectos Bajo la Lupa



A ocho meses de la administración de Daniel Noboa, su gobierno enfrenta diversas denuncias de presuntas irregularidades que abarcan desde contratos y adjudicaciones hasta proyectos urbanísticos y postulaciones de candidatos. Estas acusaciones podrían implicar delitos como tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Contrato con El Ordeño-Fortesan

Uno de los casos más recientes involucra un contrato de USD 17,6 millones con el consorcio El Ordeño-Fortesan para la provisión de desayunos escolares. La controversia surge debido a los vínculos familiares del presidente Noboa con uno de los accionistas del consorcio, Agroindustrias San Esteban, parte del Grupo Noboa. Isabel Noboa Pontón, tía del presidente, y otros familiares directos tienen participación accionaria en dicha empresa. 

El Ordeño defendió su posición asegurando que la participación de Isabel Noboa Pontón es mínima (0,13% del paquete accionario) y no influye en la adjudicación del contrato, conforme a la normativa que solo aplica a socios con el 51% o más de las acciones.

Proyecto Urbanístico en Olón

En Santa Elena, el proyecto urbanístico de la empresa Vinazin S.A. en Esterillo Oloncito también ha sido objeto de controversia. Lavinia Valbonesi, esposa del presidente, es la principal accionista de Vinazin S.A. y obtuvo el registro ambiental pocos días después de que Noboa asumiera la presidencia. Además, el ministro de Transporte, Roberto Luque, accionista de Geosísmica, empresa que elaboró el Informe de Factibilidad del proyecto, ha sido señalado en la denuncia de tráfico de influencias. La presión de organizaciones ambientalistas llevó a la suspensión del proyecto, destacando el potencial daño ambiental a los manglares.


Barcaza de Generación Eléctrica

La crisis eléctrica del país ha motivado al gobierno a alquilar una barcaza de generación eléctrica de la empresa turca Karpowership. Este proyecto ha sido cuestionado por presunto tráfico de influencias en la adjudicación del contrato. Marlon Pasquel presentó una denuncia contra el ministro Luque y el gerente general subrogante de Celec, Fabián Calero, solicitando documentación del proceso de contratación. En respuesta, Luque solicitó a la Contraloría un examen especial sobre el proceso.

Postulación a la Judicatura

En junio de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana descalificó a Hugo Landívar Orellana para la presidencia del Consejo de la Judicatura, debido a la falta de experiencia profesional y académica adecuada. Landívar es un excoordinador del movimiento político ADN, al que pertenece el presidente Noboa, lo que ha suscitado sospechas de tráfico de influencias en su postulación.

Las denuncias de presuntas irregularidades en contratos, adjudicaciones y proyectos bajo el gobierno de Daniel Noboa han generado una fuerte controversia. Las implicaciones de tráfico de influencias y corrupción judicial ponen en entredicho la transparencia y legalidad de las acciones gubernamentales. Las investigaciones en curso serán determinantes para esclarecer estos casos y asegurar la rendición de cuentas.



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