En una audiencia que se extendió por más de 12 horas, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó evidencias para vincular a 13 funcionarios y exfuncionarios públicos al caso Purga, una red de corrupción que habría operado en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Según el fiscal, la Corte se convirtió en el "epicentro de la desnaturalización del derecho", controlada por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes para su beneficio. La cúpula de la organización criminal estaba conformada por Muentes, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, quienes contaban con la ayuda de otros funcionarios para influenciar en la justicia.
Entre las evidencias presentadas, se destacan las coordinaciones realizadas para conseguir la marcación electrónica de jueces durante la campaña a la Presidencia de la Corte Provincial de Hugo González, así como el caso del traslado del líder de Los Choneros, alias "Fito", a la Cárcel de La Roca.
Además, se mencionó el caso de presunto tráfico de tierras de la familia Muentes y el caso del Banco del Pacífico, en el que Muentes logró beneficiarse con una reparación de USD 4 millones mediante una sentencia manipulada.
El fiscal Toainga solicitó prisión preventiva para las 13 personas, alegando riesgos procesales y la existencia de indicios claros de su participación en la estructura delictiva. También pidió la notificación a Interpol para localizar a dos personas que están fuera del país, el congelamiento de cuentas y la prohibición de venta de bienes.
Tras escuchar los alegatos, el juez Javier de la Cadena suspendió la diligencia para deliberar y anunció que se retomará este miércoles 5 de junio para dictar su resolución. Si se acepta el pedido de la Fiscalía, el número de procesados por el caso Purga aumentaría a 25.
