La administración de justicia en Ecuador se encuentra sumida en una crisis sin precedentes. En apenas seis meses del gobierno de Daniel Noboa, los cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad de la Función Judicial han alcanzado niveles alarmantes, poniendo en entredicho los cimientos mismos del Estado de derecho.
Servidores y operadores de justicia han quedado envueltos en escandalosos casos de corrupción que amenazan con demoler la ya vapuleada credibilidad de las instituciones ecuatorianas. La Fiscalía maneja actualmente 29 casos de connotación, 16 de ellos apuntando directamente a irregularidades en la administración pública.
Sin embargo, la crisis no se limita a la corrupción enquistada. Los reclamos por la falta de recursos para la Función Judicial han quedado relegados a un segundo plano. Pese a un presupuesto asignado de 549 millones de dólares para 2024, apenas se han desembolsado 157,9 millones hasta abril, con un rezago de 4,4 millones pendientes de pago. Una cantidad 4,6 millones inferior a lo entregado en el mismo periodo del año anterior.
Pero el escenario se torna aún más sombrío cuando la propia justicia es acusada de colusión con el crimen organizado y el narcotráfico. El caso "Metástasis", calificado por la Fiscalía como el mayor escándalo de corrupción en la historia ecuatoriana, involucra a 52 procesados por presuntos vínculos con redes delictivas.
Chats comprometedores del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022, revelaron los tentáculos de su cartel infiltrados en las filas de abogados, jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios. Una mancha indeleble en las otrora inmaculadas togas de la justicia.
Y Metástasis no fue un caso aislado. Le siguió "Purga", otra investigación sobre delincuencia organizada en la que políticos de alto rango fueron señalados como presuntos partícipes, incluidos un exasambleísta y una expresidenta de la Corte Provincial del Guayas.
Los casos "Plaga" e "Independencia Judicial" suman más sombras al ya oscuro panorama, apuntando a redes de jueces, secretarios, policías y abogados corruptos que obstaculizaron procesos legales de forma sistemática.
En medio del caos, voces autorizadas denuncian una "justicia selectiva" que prioriza casos con tintes políticos, dejando en la impunidad expedientes urticantes como los del asesinato de Fernando Villavicencio, el caso Encuentro, Sinohydro e Inapapers que salpica a un expresidente.
Los colegios de abogados piden retomar controles más estrictos sobre sus agremiados para depurar las filas de litigantes vinculados al crimen organizado. Mientras, la nueva cúpula de la Judicatura intenta rescatar su maltrecha imagen con concursos para nombrar jueces constitucionales y de la Corte Nacional.
Una nueva oportunidad que Ecuador no puede darse el lujo de desaprovechar para reconstruir su sistema de justicia desde los cimientos. De ello depende su futuro como nación de leyes y no de hombres.
