La Unidad Judicial Civil de Pichincha dictaminó que en un plazo máximo de 15 días, el Ministerio de Finanzas deberá entregar los recursos económicos al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), para restituir con normalidad el servicio de alimentación en los centros de privación de libertad.
La demanda fue presentada por varias organizaciones sociales, entre ellas: La Coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entre otras.
La sentencia se dio a conocer la tarde del jueves 02 de mayo y entre otras disposiciones también obliga al Snai a impulsar un proceso de contratación pública, en un plazo máximo de tres meses, para contar con una empresa proveedora de alimentos que cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley.
El dictamen destaca que mientras el Ministerio de Finanzas entrega los recursos y el Snai realiza el proceso de contratación, esta última debe garantizar la provisión ininterrumpida de alimentos a los privados de libertad.
“Se dispone al Ministerio de Finanzas junto con el Snai a que adopten un mecanismo permanente para mejorar la condición y cumplimiento oportuno de los pagos a proveedores del servicio de alimentación”, se agrega en la resolución.
Finalmente, la Unidad Judicial insta a la Defensoría del Pueblo a vigilar que la sentencia se cumpla.
