Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en Ecuador pone fin a la anarquía que reinaba en las redes sociales durante las campañas políticas. Ahora, cualquier contenido que movilice el voto a favor o en contra de un candidato será considerado propaganda electoral y estará sujeto al control de las autoridades electorales.
La histórica resolución se da luego de que el TCE encontrara responsable de infracción electoral grave al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, por sus publicaciones en redes sociales durante el proceso de renovación de este organismo en 2022.
A partir de ahora, la propaganda electoral en plataformas digitales, al igual que en medios tradicionales, deberá acatar las normas establecidas por el Código de la Democracia. Tanto partidos como candidatos, funcionarios públicos e incluso aspirantes a consejerías deberán moderar sus mensajes en línea.
El fallo sienta un precedente clave de cara a los comicios presidenciales de 2025 en Ecuador. Indica que todo contenido audiovisual, gráfico o multimedia cuyo "propósito sea movilizar la voluntad popular" será considerado publicidad electoral y, por tanto, sometido a regulación.
Si bien se permitirá la libertad de expresión, las autoridades evaluarán con criterios técnicos si los mensajes en redes sociales transgreden los límites de una propaganda lícita. Cualquier exceso o ventaja desleal será sancionada.
Esta medida busca generar campañas más éticas, equilibradas y respetuosas de las normas en un entorno digital cada vez más propenso a la desinformación y los ataques entre contrincantes políticos.
