Richard Villagrán, presidente de Lafattoria S.A., rompió el silencio luego de que la Secretaría Jurídica presentara una denuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado. En una contundente entrevista, acusó al Gobierno de orquestar una campaña para destruir la reputación de su empresa por motivos políticos.
"Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa, de la cual dependen 1.200 personas, por un juego político. Estoy decepcionado", enfatizó visiblemente molesto. Villagrán aseguró que su compañía, con 28 años en el mercado, ha trabajado de forma transparente brindando alimentación en cárceles y escuelas durante 12 años.
Según el empresario, el Ejecutivo adeuda $30 millones a Lafattoria desde noviembre pasado por servicios prestados. Denunció que el Ministerio de Finanzas ha retenido pagos de forma injustificada, mientras el Sercop los bloqueó sin razón aparente. Además, lamentó que el Ministerio de Educación no haya solicitado el desayuno escolar para más de 1,6 millones de niños.
"Desde el 24 de abril ya no podemos proveer el servicio en cárceles. Ayer los privados de libertad en Latacunga no comieron", reveló con preocupación. Villagrán anticipó que se defenderá legalmente de la denuncia interpuesta y confía en que saldrá a la luz la verdad sobre este caso.
