Siguiendo la senda de administraciones anteriores, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha alcanzado un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito por 4.000 millones de dólares a través del programa Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Este préstamo, con un plazo de 48 meses, busca respaldar las políticas económicas del país durante los próximos cuatro años.
El jefe de la misión del FMI para Ecuador, Varapat Chensovazdijai, destacó que en medio de un panorama macroeconómico desafiante, el objetivo es apoyar los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas para mejorar el nivel de vida de la población. Además, valoró positivamente las reformas emprendidas por el gobierno con miras a fortalecer la sostenibilidad fiscal, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar una economía sólida e inclusiva.
Sin embargo, este acuerdo técnico aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI para concretarse. De lograrse, Ecuador continuaría la senda de créditos con el organismo internacional iniciada en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno y renegociada en 2021 por la administración de Guillermo Lasso.
Pese a los argumentos oficiales que resaltan los beneficios de este convenio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha expresado su rechazo. La organización califica el acuerdo como un "castigo" que aumenta la deuda del país y exige más sacrificios, sin aportar beneficios claros. En consecuencia, ha solicitado a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que actúen para exigir la transparencia de los términos negociados "en secreto".
Este nuevo crédito con el FMI se enmarca en un contexto de polarización y debate sobre el rumbo económico de Ecuador. Mientras el gobierno defiende la necesidad de estas medidas para mantener la estabilidad, sectores sociales y políticos advierten sobre posibles impactos negativos en los bolsillos de los ecuatorianos y alertan sobre una excesiva injerencia del organismo multilateral en las decisiones soberanas del país.
Por ello, la organización indígena pidió a la Asamblea y a la Corte Constitucional que actúen de inmediato, “para exigir que se transparenten los términos de este acuerdo, que han sido negociados en secreto”.
