Cuatro personas, entre ellas un adulto mayor, son procesadas por lavado de activos

 Cuatro personas son procesadas por el presunto delito de lavado de activos, luego de que se detectaron operaciones en el sistema financiero que no pudieron ser justificadas y cuyos fondos sirvieron para adquirir bienes.

Una jueza de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito dictó prisión preventiva para tres personas, mientras que para un adulto mayor le otorgó medidas alternativas.

La jueza también ordenó la incautación de 8 399 520 dólares y 100 000 euros, la retención y congelamiento de dos pólizas de 60 000 y 10 000 dólares de los procesados, y la incautación de 13 inmuebles, 11 vehículos; y, prohibición de enajenar cuatro inmuebles y cuatro vehículos.

La investigación se inició en agosto de 2022, tras el asesinato de Juan Pablo Andrade (alias J. P.) -al estilo sicariato- ocurrido en Guayaquil.

Tras las primeras diligencias, se conoció que en su vivienda se encontraron más de 8 millones de dólares y de 100 000 euros en efectivo, además armas, municiones y documentos relacionados a un grupo criminal, entre otros.

El fallecido tenía antecedentes por varios delitos, como robo, tenencia y porte de armas, y uso doloso de documento falso.

La procesada Hericka Yahaira B. G., esposa de alias J. P., habría comprado al menos siete viviendas, un terreno, cinco vehículos de alta gama, una motocicleta y dos motonetas, y colocado -a manera de donación- a nombre de su hijo Jaime Antonio B. B. (mayor de edad) y sus dos hijos menores de edad.

A su vez, Juan Leonardo A. F., padre del hombre asesinado, tenía a su nombre dos viviendas y un vehículo, mientras que Carlos Alfredo T. N. tenía tres viviendas y dos vehículos.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) determinó las presuntas irregularidades que fueron receptadas por la Fiscalía como elementos de convicción.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 28 de noviembre, se expusieron también otros elementos como informes de escrituras públicas que dan cuenta que los procesados adquirieron -con dinero en efectivo- varias propiedades y realizaron inversiones.

Según la Fiscalía, el monto al que ascendería el lavado de activos ascendería a 9 757 844 dólares

Fuente Radio Pichincha

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