El informe muestra la creciente demanda de servicios financieros entre migrantes y refugiados, destacando la necesidad de superar las restricciones normativas, para facilitar su integración en el mercado financiero formal.
Un estudio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, señaló que en Ecuador existe alrededor de 600 000 migrantes y refugiados. El estudio señaló que las personas desplazadas por la fuerza son un grupo clave para el país, porque su inserción a la economía formal incrementa la recaudación de impuestos del Gobierno y ayuda al dinamismo de la economía nacional.
De acuerdo con el estudio, las personas desplazadas por la fuerza están radicadas, principalmente, en Quito y Guayaquil. Del total, dos tercios han regularizado su estatus, o están en proceso de solicitarlo.
Además, se señala que el 40% de las personas desplazadas por la fuerza posee un empleo formal, lo que permite que la mediana de ingresos alcance los USD 680, que es ligeramente superior a los USD 668 de los ecuatorianos. Según el reporte de Asobanca, estas características hacen de las personas desplazadas por la fuerza un grupo idóneo para insertarse en el mercado financiero formal.
Crédito
En el ámbito financiero, el estudio de la CFI señala que los migrantes y refugiados tienen experiencia en el uso de productos financieros básicos y hay una gran demanda por el crédito productivo.
Alrededor de 130 000 de estas personas tienen una cuenta de ahorro en Ecuador, otras 350 000 personas desplazadas por la fuerza no tienen acceso a una cuenta, pero desean una para ahorrar a largo plazo. Alrededor de 251 000 (44%) migrantes y refugiados desean una tarjeta de crédito. Sin embargo, solo 17 000 (3% del total) tienen acceso a este producto financiero.
Aproximadamente, 42 000 (7%) tiene préstamos vigentes en el sistema financiero ecuatoriano (USD 126 millones), y en el mercado informal (USD 11 millones). Los desembolsos de los créditos, en promedio, alcanzaron los USD 3 178.
El estudio de la CFI señala que la mayoría de los préstamos se concedieron para negocios (51,5%), es decir, a microempresarios. Las cifras también ratifican que dos de cada 10 personas mayores a 15 años en Ecuador tienen acceso a financiamiento formal en el sistema financiero. El resto de la población “estaría expuesta al chulco, pagando tasas exorbitantes”, y poniendo en riesgo su integridad física.
Las cifras demuestran que las personas desplazadas por la fuerza demandan más financiamiento, en el sistema financiero formal, pero no pueden acceder a él debido a la normativa de techos a las tasas de interés, controles en tarifas, así como temas ligados a requisitos normativos y la falta de historial crediticio.
Fuente radiopichincha.com
