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Que los casi 600 asesinatos en las cárceles no son su responsabilidad. Que el control de ingreso de armas y objetos no es su responsabilidad. Que la corrupción al interior de las cárceles tampoco. La Presidencia de la República, los ministerios del Interior y de Gobierno y el propio Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) negaron su responsabilidad sobre la crisis carcelaria y las vulneraciones de derechos humanos, derivados de la crisis carcelaria. Lo hicieron con una respuesta violenta, estigmatizante y hasta con burlas a las familias de personas en prisión, quienes exigen verdad y justicia.
Este miércoles 12 de julio de 2023 se realizó en la Unidad Judicial de La Florida, en Guayaquil, la audiencia de acción de protección que interpusieron los familiares de los presos.
Abraham Aguirre y Fernando Bastias, parte de la defensa de los demandantes, presentaron los argumentos sobre la forma premeditada, previsible y sistemática de masacre a grupos de atención prioritaria. Además, describieron las condiciones de las familias como vÃctimas de tortura.
Lo que sorprende e indigna a las familias es la respuesta y defensa del Estado, reprochó Bastias. Todas las entidades, dijo, llegaron al punto de responsabilizar a las propias familias de los privados de libertad por la corrupción y de las masacres.
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“Las autoridades intentaron desligarse de su responsabilidad en la administración penitenciaria”, agregó.
En una insólita declaración, el representante del Ministerio del Interior dejó en claro su omisión en el control del sistema penitenciario. Además, como el resto, evadió la responsabilidad y ridiculizaron el accionar de las familias, utilizando argumentos débiles y descalificaciones sin fundamentos.
¿Quiénes son responsables de los asesinatos de personas bajo custodia del Estado?
ParecerÃa obvia la pregunta, pero para las autoridades estatales, al parecer, no lo es. “Todas fueron escusas para no reconocer que fueron responsables de las muertes”, reclamó Bastias, al subrayar las contradicciones de los propios funcionarios.
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“Cuando las instituciones se sientan con la CIDH u otros organismos internacionales, su discurso cambia y dicen que harán todo lo posible por reparar a las vÃctimas. Dicen que lamentan las muertes, pero ahora responden, ante las familias, de una manera tan vil y cruel”, relató.
La acción de protección que interpusieron las familias, explicó BastÃas, es también para lograr un cambio en la gestión penitenciaria. “Que sea una opción para cambiar el panorama de muerte y violencia, pero la respuesta del Estado es negativa”.
El juez a cargo decidió abrir un plazo de 10 dÃas para la recepción de testimonios y pruebas documentales. Posteriormente, reinstalará la audiencia para los alegatos finales, la presentación de Amicus Curiae y el veredicto final.
Fuente Radio Pichincha
