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La sesión 868 del Pleno de la Asamblea Nacional se instaló con la presencia de 116 legisladores para discutir el juicio político del presidente Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización envió memorandos notificando la no aprobación del informe sobre el proceso.
La moción presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, fue aprobada con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. La resolución aprobada menciona la existencia de pruebas de un presunto delito de peculado, justificando el llamado a juicio político del presidente en el Pleno de la Asamblea.
El proyecto tiene cuatro puntos resolutivos que incluyen la enjuiciamiento político del presidente, la continuidad del proceso de juicio político, la difusión inmediata de la resolución y el expediente íntegro del proceso a todos los asambleístas y la notificación al presidente Lasso.
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El siguiente paso será seguir el trámite previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la difusión del informe y, luego de 48 horas, convocará a una sesión del pleno para proceder a la censura y destitución si es el caso. Según el artículo 94, en el plazo de cinco días de concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del pleno para resolver con base en las pruebas de descargo presentadas por Lasso.
Por su parte, los asambleístas de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Marco Troya y Ana Belén Cordero, defendieron la actuación de la Comisión de Fiscalización y argumentaron en contra de las acusaciones de UNES. Ana Belén Cordero preguntó sobre qué bases se juzgará al presidente Lasso si no hay informe motivado y solo una demanda que la Corte Constitucional consideró "mínimamente verosímil".
