La Corte Constitucional tumbó este 14 de febrero de 2025 la reforma propuesta por el presidente Daniel Noboa para imponer prisión preventiva obligatoria en casos de terrorismo y crimen organizado. Con un fallo contundente, el tribunal señala que la iniciativa vulnera derechos fundamentales y desata una nueva pugna con el Ejecutivo.
Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional (CC) de Ecuador rechazó el proyecto de reforma parcial a la Constitución impulsado por el presidente Daniel Noboa, que buscaba establecer la prisión preventiva obligatoria para delitos de terrorismo y crimen organizado. El dictamen, aprobado el 14 de febrero de 2025 —apenas nueve días después de presentada la propuesta—, declara que la iniciativa “no es apta” para tramitarse por esta vía, argumentando que atenta contra principios básicos de la justicia.
El juez Richard Ortiz, ponente del caso, sostuvo que la medida “configura una restricción injustificada y grave a la garantía de presunción de inocencia y al derecho a la libertad de movilidad”. Según la Corte, transformar la prisión preventiva en una sanción automática, en lugar de una medida cautelar excepcional sujeta a necesidad y proporcionalidad, “desnaturaliza” su propósito y cruza los límites constitucionales. El fallo reafirma la postura del tribunal como guardián de los derechos fundamentales, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno.
La propuesta de Noboa, presentada el 5 de febrero, buscaba endurecer las herramientas contra el crimen organizado tras declarar un “conflicto armado interno” en 2024. Sin embargo, no es la primera vez que la Corte le pone freno: previamente, el tribunal había advertido al mandatario por presentar reformas de manera “inconexa”, lo que generó críticas desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Esta dependencia acusó a los jueces de excederse en sus funciones al sugerir una comisión para temas de seguridad, intensificando el choque entre poderes.
El rechazo al proyecto deja en el aire una de las banderas de Noboa en su lucha contra la delincuencia, mientras la violencia sigue escalando —1.091 homicidios en los primeros 45 días de 2025— y el Ejecutivo explora alianzas internacionales, como la anunciada con Erik Prince de Blackwater. La decisión de la CC, sin embargo, no cierra la puerta a que el tema se debata por otras vías, como una reforma más amplia o una consulta popular.
El revés de la Corte Constitucional a la reforma de Noboa marca un nuevo capítulo en la batalla entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, con la presunción de inocencia como línea roja. Mientras el país clama por seguridad, el choque institucional plantea una pregunta crítica: ¿cómo equilibrar la lucha contra el crimen con el respeto a los derechos? El próximo movimiento del Gobierno será clave.
