El presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, envió este 5 de febrero de 2024 un nuevo proyecto de reforma parcial a la Constitución a la Corte Constitucional. La propuesta busca fortalecer el uso de la prisión preventiva para quienes estén procesados por terrorismo y crimen organizado, argumentando que la situación de seguridad en el país exige medidas más estrictas.
La Presidencia de Ecuador presentó un proyecto de reforma constitucional enfocado en modificar el alcance de la prisión preventiva. Según el comunicado oficial, esta medida permitiría a los jueces dictar prisión preventiva inmediata a personas procesadas por delitos graves como terrorismo y actividades vinculadas al crimen organizado.
Actualmente, la prisión preventiva es considerada una medida excepcional en el sistema judicial ecuatoriano, y las autoridades deben priorizar otras medidas cautelares alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, el gobierno argumenta que "las fallas en la administración de justicia y la crítica situación de seguridad" requieren ajustes legales que eviten que criminales peligrosos eludan la acción de la ley.
"El objetivo es fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquier persona relacionada con la delincuencia organizada", declaró Daniel Noboa en sus redes sociales. El mandatario destacó que esta iniciativa forma parte de su estrategia integral para combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana.
El trámite de una reforma parcial a la Constitución requiere la validación inicial de la Corte Constitucional. Este organismo evaluará si el mecanismo propuesto es el adecuado para realizar la modificación legal. Si la Corte avala la propuesta, el proyecto pasará a la Asamblea Nacional para su debate y posible aprobación.
Este no es el primer intento del Ejecutivo por modificar la Carta Magna mediante este mecanismo. En octubre de 2024, la Corte Constitucional aprobó una reforma parcial que permitió la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Sin embargo, en diciembre de 2025, el organismo rechazó una propuesta que buscaba excluir a ciertos presos pertenecientes a grupos vulnerables o de atención prioritaria.
La propuesta ha generado debate entre expertos en derecho y sectores de la sociedad civil. Por un lado, quienes apoyan la medida argumentan que es necesaria para enfrentar la creciente ola de violencia y crimen organizado que afecta al país. "Es urgente adoptar medidas firmes que garanticen que los delincuentes no se burlen de la justicia", señalaron fuentes cercanas al gobierno.
Por otro lado, críticos advierten sobre los posibles riesgos de ampliar el uso de la prisión preventiva. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que podría tener esta reforma en el debido proceso y la presunción de inocencia. "Fortalecer la prisión preventiva sin garantías claras podría derivar en abusos y violaciones a los derechos fundamentales", afirmó un representante de una ONG local.
El anuncio de esta reforma ocurre en medio de una escalada de violencia atribuida al crimen organizado y grupos armados. En los últimos meses, Ecuador ha registrado múltiples ataques terroristas, enfrentamientos entre bandas criminales y asesinatos selectivos, especialmente en ciudades como Guayaquil, Quito y Machala.
El gobierno de Noboa ha priorizado la seguridad como uno de los ejes centrales de su administración, implementando operativos militares, endureciendo penas y promoviendo cambios legales para fortalecer el marco jurídico contra el crimen organizado.
Si la Corte Constitucional aprueba el proyecto, la Asamblea Nacional deberá debatirlo y votarlo. Para su aprobación, se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores. Sin embargo, la polarización política en el Legislativo podría complicar el avance de la iniciativa.
Mientras tanto, el gobierno continúa defendiendo la necesidad de estas reformas como parte de su estrategia para recuperar la paz y la seguridad en el país. El éxito de esta propuesta dependerá no solo de su viabilidad legal, sino también de la capacidad del Ejecutivo para generar consensos políticos y sociales.
