Puertas Cerradas en la Vicepresidencia: Jueza Anuncia Acciones Penales

La jueza Nubia Vera trasladó su juzgado a las afueras de la Vicepresidencia de la República este viernes 7 de febrero de 2025 para constatar el cumplimiento de su orden judicial: que la vicepresidenta Verónica Abad ingresara a su despacho. Sin embargo, pese a los intentos, las puertas de la institución permanecieron cerradas, configurándose un presunto caso de desacato según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En una escena inusual, la jueza Nubia Vera instaló un juzgado improvisado frente a las instalaciones de la Vicepresidencia de la República en Quito. Su objetivo era verificar si se cumplía con la orden emitida el 23 de diciembre de 2024, que instruía permitir el acceso de la vicepresidenta Verónica Abad a su despacho oficial.  

Sin embargo, a pesar de que tanto la jueza como Abad caminaron por los exteriores del edificio e intentaron ingresar, las puertas permanecieron cerradas y vigiladas por vallas de seguridad. Ni siquiera las solicitudes directas lograron que los funcionarios abrieran las puertas.


"Esto configura un desacato al artículo 282 del COIP", afirmó la jueza Vera durante el operativo. Según esta norma, "la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

Ante la negativa de los funcionarios de la Vicepresidencia, la jueza Vera dispuso llamar al ECU 911 para elaborar un parte policial que documentara el incidente. Este documento servirá como prueba para activar acciones penales contra los responsables de no acatar la sentencia judicial.  

"Aquí se está cumpliendo un desacato", reiteró Vera, destacando que, independientemente de que los funcionarios realicen teletrabajo, debe haber personal disponible para abrir las puertas de la institución. "Debe haber un guardia, y tienen que abrir la puerta", enfatizó.

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Este episodio marca la segunda ocasión en que la vicepresidenta Verónica Abad es impedida de acceder a su despacho oficial. La primera vez ocurrió en diciembre de 2024, cuando la jueza Vera ya había emitido una orden similar que tampoco fue cumplida.  

Durante el operativo, Abad expresó su frustración ante la situación. "Estamos aquí cumpliendo con la ley, pero parece que hay quienes prefieren desacatarla", declaró. Cerca de las 15:00, tanto la jueza como la vicepresidenta se retiraron del lugar, dejando las puertas de la Vicepresidencia cerradas y rodeadas por vallas de seguridad.

El artículo 282 del COIP establece que cualquier persona que incumpla órdenes legales emitidas por una autoridad competente puede ser sancionada con penas de prisión de uno a tres años. En este caso, la jueza Vera señaló que las acciones emprendidas por los funcionarios de la Vicepresidencia podrían configurar un delito de desacato, lo que podría derivar en consecuencias legales graves para los involucrados.

Este enfrentamiento entre poderes del Estado refleja las tensiones políticas que han marcado la administración actual. Desde su posesión, la vicepresidenta Abad ha enfrentado resistencias internas en la Vicepresidencia, atribuidas por algunos sectores a disputas políticas dentro del gobierno.  

Analistas señalan que este caso podría tener implicaciones más amplias, especialmente en términos de respeto a las decisiones judiciales y la separación de poderes. "Si las autoridades no cumplen con las órdenes judiciales, estamos ante un problema institucional grave", comentó un experto en derecho constitucional.

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