La sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales los decretos mediante los cuales el presidente Daniel Noboa se dio licencia para hacer campaña y encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert ha generado fuertes crÃticas en la Asamblea Nacional. Legisladores de diferentes bandos polÃticos coinciden en señalar que el fallo llegó tarde y no resuelve completamente las irregularidades cometidas.
"Es un dictamen que sienta un precedente muy malo. Y da paso a que gente como el Ministro de Gobierno diga (sobre el encargo de la presidencia) que ya no hace falta decreto y pueda ser vÃa mail o un mensaje de WhatsApp", expresó Garzón, cuestionando la efectividad del fallo para evitar futuras violaciones constitucionales.
La presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, también reaccionó al fallo y pidió al presidente Noboa que solicite licencia formalmente al Legislativo, en lugar de recurrir a decretos ejecutivos. Además, instó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a actuar frente a posibles irregularidades en el proceso electoral.
El asambleÃsta independiente Jaime Guevara mostró escepticismo sobre la capacidad de otros organismos de control para garantizar transparencia en el proceso electoral. "La Corte Constitucional no hizo nada, ¿cree que va a hacer algo el CNE? Yo lo dudo", señaló Guevara, reflejando la desconfianza generalizada hacia las instituciones electorales y judiciales.
Por su parte, Verónica Abad, vicepresidenta electa y quien debió haber asumido el encargo presidencial según la Constitución, consideró que la sentencia le dio la razón, aunque su defensa calificó el fallo como insuficiente para reparar las irregularidades cometidas.
La legisladora alterna Ana Cifuentes enfatizó que las acciones deben ir más allá del fallo de la Corte Constitucional y llegar hasta quienes ejecutaron las decisiones impugnadas. En particular, pidió investigar a Cynthia Gellibert, quien asumió la Presidencia en cuatro ocasiones bajo los decretos anulados.
"Tiene que haber un llamado a la FiscalÃa por usurpación de funciones", afirmó Cifuentes, argumentando que Gellibert ejerció un cargo para el cual no estaba legalmente facultada. Este pedido podrÃa abrir un nuevo capÃtulo de tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea tras las elecciones.
Los legisladores confirmaron que, una vez concluido el proceso electoral del 9 de febrero, continuarán con los juicios polÃticos contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al menos dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Estas acciones forman parte de una estrategia para exigir responsabilidades a quienes han sido señalados de permitir irregularidades en el sistema democrático.
