La Policía Nacional confirmó este jueves, 20 de febrero de 2025, la identidad de los tres jóvenes asesinados en la vía San Pablo-San Vicente, en la provincia de Santa Elena. Las víctimas fueron identificadas como John Brandon Baque Merchán (25 años), José Luis Saldarriaga Perero (28 años) y Kevin Eduardo Tomalá Morales (28 años), oriundo de la Comuna Prosperidad. Según las autoridades, los cuerpos llevaban más de siete días en descomposición cuando fueron hallados, lo que dificultó inicialmente su reconocimiento.
El macabro descubrimiento ocurrió la noche del 18 de febrero, tras una llamada al sistema ECU-911 que alertó a las autoridades sobre los cadáveres abandonados en la carretera. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de Santa Elena para realizar las pericias forenses necesarias.
Según el reporte policial, los jóvenes fueron asesinados con extrema violencia. Unidades de Criminalística recolectaron 36 indicios balísticos en el lugar del crimen, revelando que los asesinos utilizaron tres tipos de armas diferentes para cometer el crimen. Este detalle sugiere un nivel de planificación y saña inusual, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local.
Este caso se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en la península, que han puesto en alerta a sus habitantes. Entre los incidentes más impactantes figura el asesinato de una mujer en la vía Atahualpa-Ancón, cuyo bebé de meses fue abandonado junto a su cuerpo en una carretera desolada.
Además, una joven de 16 años fue encontrada desnuda y con signos de tortura en otra zona de la región. Su identificación fue posible gracias a un tatuaje distintivo que permitió a sus familiares reconocerla. Estos casos reflejan una escalada de violencia que ha convertido a Santa Elena en uno de los puntos críticos de inseguridad en el país.
La comunidad de la Comuna Juntas del Pacífico ha solicitado mayor presencia policial tras la construcción de la denominada ‘Cárcel del Encuentro’ en Santa Elena. Los residentes aseguran que la presencia de grupos delictivos organizados ha incrementado la violencia en la zona, afectando principalmente a comunidades rurales y pequeños poblados.
Las autoridades continúan realizando investigaciones para determinar las motivaciones detrás del triple homicidio. Sin embargo, la falta de recursos y la complejidad de los crímenes han complicado las pesquisas, generando frustración entre las familias de las víctimas y la población en general.
