Fronteras Cerradas y Puertos Militarizados: El Plan de Seguridad de Ecuador para las Elecciones 2025

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 520, mediante el cual se dispone el cierre de las fronteras terrestres con Colombia y Perú desde el sábado 8 de febrero hasta el lunes 10 de febrero de 2025. Según el documento, esta decisión tiene como objetivo "precautelar la seguridad de la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado, así como el desarrollo del sufragio general".



La medida incluye la restricción del ingreso al territorio ecuatoriano para toda persona extranjera durante este período, aunque los ciudadanos ecuatorianos podrán ingresar sin restricciones. Además, se ha instruido a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa implementar medidas específicas para garantizar el transporte de mercancías y actividades comerciales esenciales durante el cierre.

Jorge Tello, comandante de la Brigada 31 Andes, explicó a la agencia EFE que el despliegue militar en las fronteras estará enfocado en prevenir el ingreso de "grupos al margen de la ley, grupos armados, narcotraficantes y delincuencia organizada". Estas organizaciones, según las autoridades, podrían intentar infiltrarse en el país para alterar el desarrollo del proceso electoral o aprovechar la coyuntura para realizar actividades ilícitas.

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Además del cierre de fronteras, el decreto también contempla la militarización de los puertos marítimos. Desde el 4 de febrero, las terminales portuarias de Guayaquil comenzaron a implementar medidas de seguridad coordinadas con las Fuerzas Armadas, reforzando controles en puntos estratégicos para evitar incidentes durante los días previos y posteriores a las elecciones  

El cierre de fronteras durante procesos electorales no es una medida nueva en América Latina, pero en el caso de Ecuador responde a un contexto de creciente inseguridad vinculado al crimen organizado y la presencia de grupos armados en las zonas limítrofes. En los últimos años, Ecuador ha enfrentado una escalada de violencia atribuida a organizaciones como los *Choneros* y *Tiguerones*, así como a células del narcotráfico internacional.

Las autoridades temen que estas organizaciones puedan aprovechar el día de las elecciones para desestabilizar el país, ya sea mediante actos violentos, sabotajes o incluso la manipulación de votos en regiones vulnerables. Por ello, el cierre de fronteras busca minimizar riesgos y garantizar que el proceso electoral transcurra en paz.

Aunque el cierre de fronteras restringirá temporalmente el ingreso de extranjeros, las autoridades han asegurado que las actividades comerciales y el transporte de mercancías no se verán afectados. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa coordinarán con operadores logísticos para mantener el flujo de bienes esenciales, especialmente alimentos y medicinas, durante el período de restricción.

Sin embargo, la medida podría generar inconvenientes para viajeros internacionales y empresas que dependen del tránsito fronterizo. Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior que regresen al país durante estos días no estarán sujetos a las restricciones y podrán ejercer su derecho al voto.

El cierre de fronteras es una señal clara de la preocupación del gobierno por la seguridad durante las elecciones generales de 2025. Este proceso electoral, en el que se elegirá al binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos, es considerado uno de los más importantes en la historia reciente del país debido a su impacto en la estabilidad política y económica.

La militarización de fronteras y puertos también refleja la estrategia del gobierno para contrarrestar la influencia del crimen organizado, que ha ganado terreno en Ecuador en los últimos años. Según expertos, estas medidas podrían ser el preludio de políticas más duras contra el narcotráfico y la delincuencia tras las elecciones.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas mantendrán una vigilancia constante en las fronteras y puertos durante los tres días de restricción. Además, se ha dispuesto un monitoreo especial en regiones estratégicas como El Oro, Loja, Sucumbíos y Esmeraldas, donde históricamente se han registrado actividades ilícitas vinculadas al contrabando y el narcotráfico.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía colaborar denunciando cualquier actividad sospechosa y han garantizado que el despliegue militar será proporcional y respetará los derechos humanos. 

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