El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pospuso este viernes la audiencia para revisar la contrademanda presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld contra la vicepresidenta Verónica Abad, quien argumentó motivos de salud y falta de notificación para no asistir.
Detalles de la contrademanda
Sommerfeld presentó la acción como respuesta a la demanda original de Abad contra el presidente Daniel Noboa y varios funcionarios de su administración, incluida la canciller. En esta demanda, Abad alegó violencia política de género y acusó al Gobierno de acoso con el propósito de presionarla para renunciar y evitar que asumiera la Presidencia durante la campaña electoral.
Postergación de la audiencia
El juez Guillermo Ortega decidió aplazar la audiencia tras considerar las objeciones de los abogados de Sommerfeld, quienes calificaron como "una falta de respeto" la ausencia de Abad, que un día antes había comparecido con normalidad ante la Asamblea Nacional. Por su parte, Sommerfeld tampoco acudió personalmente y fue representada por su equipo legal.
Contexto del conflicto Noboa-Abad
La relación entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad se ha deteriorado desde las elecciones extraordinarias de 2023. Entre los puntos más críticos de este enfrentamiento destacan:
- El envío de Abad como embajadora a Israel, lo que marcó un distanciamiento inicial.
- Una sanción administrativa de cinco meses contra Abad, posteriormente anulada por la Justicia.
- El nombramiento por decreto de Cynthia Gellibert como "vicepresidenta encargada", a quien también se le delegó la Presidencia durante la campaña electoral de Noboa.
Abad ha denunciado estas acciones como un "golpe de Estado" y ha solicitado a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, alegando la ruptura del orden constitucional.
Implicaciones legales y políticas
La violencia política de género, según el Código de la Democracia, es una infracción grave que podría derivar en sanciones como la destitución del cargo o la suspensión temporal de derechos políticos por hasta cuatro años.
En medio del enfrentamiento, la Corte Constitucional deberá resolver demandas de inconstitucionalidad sobre los decretos que designaron a Gellibert como vicepresidenta encargada. Además, el Gobierno argumenta que el presidente puede delegar el cargo en la Vicepresidencia existente en el momento, independientemente de la persona electa para el puesto.
Este prolongado conflicto político ocurre mientras Ecuador se prepara para las elecciones generales de febrero de 2025, un proceso que podría redefinir el panorama político del país.
