El presidente Daniel Noboa decretó la extensión del Estado de Excepción por 60 días más en varias regiones del país, en respuesta al incremento de la violencia y la presencia de grupos armados organizados, según se detalla en el Decreto Ejecutivo 493.
Las provincias incluidas en el Estado de Excepción son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. Además, se suma el Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha y los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
El documento señala que la medida responde a la "grave conmoción interna y conflicto armado interno", fundamentándose en un incremento significativo de los índices de violencia. Por ejemplo, en la provincia de El Oro, los homicidios intencionales crecieron un alarmante 444%. En Sucumbíos, este incremento fue del 91%, y en Tungurahua, del 200%.
El decreto ha generado debate en redes sociales, con críticas sobre la efectividad de la militarización y medidas similares tomadas anteriormente. Usuarios han señalado que los esfuerzos previos no han logrado reducir de manera significativa los niveles de criminalidad en las provincias más afectadas.
El decreto también destaca cómo los Grupos de Delincuencia Organizada han innovado en formas de vulnerar los derechos humanos. Además, surge en un momento delicado para las instituciones, con casos como el procesamiento de 16 militares acusados de desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil.
El defensor de Derechos Humanos, Fernando Bastias, expresó en la red social X que estas medidas podrían no ser suficientes para garantizar la seguridad de la población si no van acompañadas de reformas profundas en las políticas de justicia y rehabilitación social.
La aplicación de este Estado de Excepción, que incluye restricciones de movilidad y presencia militar, busca contener la escalada de violencia y proteger a los ciudadanos en las zonas más afectadas. Sin embargo, las expectativas de su efectividad siguen siendo tema de discusión.
Homicidios por provincias, decreto 493
En la página 66 del documento se argumenta que los Grupos de Delincuencia organizada han encontrado nuevas formas de afectar los derechos humanos de la población.
Al respecto, veamos lo que dijo el defensor de Derechos Humanos, Fernando Bastias en la Red X:
