El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrenta una crisis institucional tras el allanamiento de sus oficinas por parte de la Fiscalía, mientras debe gestionar cinco concursos cruciales para designar autoridades nacionales, incluyendo la selección del próximo Fiscal General del Estado.
El viernes 24 de enero de 2025, las oficinas del CPCCS en Quito fueron allanadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación denominada "Caso Ligados". Durante el operativo, se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada con presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas.
Este incidente ocurre en un momento crítico para la institución, que debe gestionar cinco procesos de selección fundamentales. El más urgente es la designación del nuevo Fiscal General, ante la culminación del período de Diana Salazar en abril de 2025. Sin embargo, según declaraciones de la vicepresidenta del CPCCS, Yadira Saltos, existe la posibilidad de que Salazar continúe en funciones debido a retrasos en el proceso de selección.
Los otros concursos pendientes incluyen la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, cuyos vocales continúan en funciones pese a que sus períodos expiraron en noviembre de 2024; la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, pendiente desde 2022; la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, vacante desde 2024; y la renovación del Consejo de la Judicatura, proceso que enfrenta obstáculos por discrepancias en la presentación de ternas.
La nueva vicepresidenta del #CPCCS @SaltosYadiraEc se posesionó en el cargo este 22 de enero de 2025. pic.twitter.com/jOLIqs7fmD
— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 22, 2025
