Caso de los niños desaparecidos en Guayaquil: ONU critica incumplimiento de medidas por parte del Estado ecuatoriano
El Gobierno ecuatoriano debía remitir hasta el 7 de enero de 2025 un informe sobre las medidas adoptadas para proteger a los familiares de las víctimas, como lo solicitó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Sin embargo, organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) aseguran que el cumplimiento ha sido parcial y las familias continúan en riesgo.
El día de la desaparición
El 8 de diciembre de 2024, cuatro menores de edad, Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, fueron aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil. Según testigos, los niños fueron trasladados a Taura, cantón Naranjal, donde posteriormente fueron abandonados. Tras la denuncia de sus desapariciones, sus restos óseos fueron hallados el 24 de diciembre y confirmados mediante análisis de ADN el 31 del mismo mes.
Exigencias de la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al Estado ecuatoriano medidas urgentes para localizar a los niños, preservar pruebas y proteger a sus familiares, quienes enfrentan un alto riesgo de represalias. Además, otorgó medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de los denunciantes y defensores de derechos humanos involucrados en el caso.
A pesar de estas disposiciones, el Gobierno no ha cumplido plenamente con las exigencias. Según Fernando Bastias, representante del CDH, no se ha recibido confirmación de las acciones tomadas por el Estado ni del informe solicitado por la ONU.
Reacción de la ONU y declaraciones del Gobierno
Jan Jarab, representante de la ONU para Derechos Humanos en América del Sur, condenó los hechos y recordó al Estado ecuatoriano su responsabilidad de proteger a la niñez conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, defendió la actuación de los militares, señalando que los jóvenes fueron detenidos bajo sospecha de robo. No obstante, familiares de las víctimas rechazaron estas acusaciones, afirmando que los niños eran estudiantes con aspiraciones y no delincuentes.
Implicaciones internacionales
Si el Estado ecuatoriano no cumple con las medidas establecidas por la ONU, el caso podría escalar a una responsabilidad internacional, advirtió Bastias. La comunidad internacional mantiene la atención sobre este caso que evidencia graves vulneraciones a los derechos humanos.
El cumplimiento de las medidas sigue siendo una deuda pendiente, mientras los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos exigen justicia y protección.
