La decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de transferir la operación del estratégico Campo Sacha a un consorcio privado ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos. Según un análisis de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), esta medida podría representar una pérdida neta de USD 1.044 millones para el Estado.
El acuerdo ministerial, emitido sin previo anuncio público, instruye a Petroecuador a entregar el campo al consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Diversas voces lo califican como un acto que beneficia intereses particulares, poniendo en riesgo el patrimonio nacional.
Falta de fundamentos legales y técnicos
La ANTEP denunció que el acuerdo carece de los informes necesarios para justificar la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. Por el contrario, los datos recientes demuestran un incremento sostenido en la producción del Campo Sacha, que alcanzó un promedio de 77.000 barriles diarios en 2024.
Además, se han identificado irregularidades en las empresas oferentes. Amodaimi Oil Company S.L. tiene restricciones legales para operar fuera del Bloque 16, mientras que Sinopec opera como una sociedad anónima nacional, descalificándola como subsidiaria estatal.
Impacto económico y posibles pérdidas
El consorcio propone un pago anticipado de USD 1.500 millones e inversiones por USD 1.761 millones en 20 años. Sin embargo, la ANTEP calcula que el modelo privado generaría pérdidas acumuladas de USD 2.544 millones en comparación con la operación estatal. Incluso con el pago anticipado, el Estado enfrentaría una pérdida neta de USD 1.044 millones, cifra que podría aumentar si los precios del crudo suben en el mercado internacional.
Reacciones sociales y políticas
El intento de privatización del Campo Sacha ha sido rechazado históricamente, enfrentando la oposición de trabajadores y sectores sociales. En el ámbito político, legisladores han exigido la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique las irregularidades del acuerdo. Paralelamente, la Contraloría ha sido instada a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
Dirigentes sindicales han calificado esta medida como una "traición al país", mientras que expertos en hidrocarburos destacan que priorizar intereses privados sobre el nacional es inaceptable. La polémica continúa, y la gestión de Noboa enfrenta uno de sus mayores desafíos hasta la fecha.
