La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, rechazó categóricamente el interés mostrado por la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, y la bancada de Revolución Ciudadana, por conocer detalles sobre su ubicación y estatus personal. En una carta pública, Salazar acusó a estos actores políticos de priorizar información irrelevante para la opinión pública, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.
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La controversia surge tras un llamado de la Comisión de Fiscalización para que comparezca en una investigación sobre supuestas conversaciones, vía chat, entre Salazar y el exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. Según Salazar, este interés político refleja un intento de desviar la atención de problemas nacionales más críticos, como la captura de prófugos en casos de alto impacto, entre ellos el caso Metástasis.
En la sesión del 18 de diciembre, Pamela Aguirre reconoció haber realizado gestiones para obtener información sobre el estado y paradero de la fiscal, lo que generó duras críticas de Salazar. “Lo que sí queda claro es que esa información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia”, sostuvo en su carta.
Pese a los cuestionamientos, la fiscal general aseguró que el trabajo en la Fiscalía continúa sin interrupciones. Resaltó avances en casos emblemáticos como Independencia Judicial, Reconstrucción de Manabí y Metástasis, sustentados por el fiscal subrogante Wilson Toainga.
Además, recordó que la Fiscalía ha respondido más de 700 solicitudes de la Asamblea Nacional y reiteró que continuará cumpliendo con la ley sin ceder a presiones políticas. “Resulta que es más importante conocer mi ubicación que la de los procesados que continúan prófugos”, sentenció Salazar.
