Asamblea Nacional debatirá ley para impulsar iniciativa privada en el sector eléctrico
Este domingo, 20 de octubre, a las 09:00, el Pleno de la Asamblea Nacional discutirá el informe para primer debate del proyecto de ley que busca fomentar la participación privada en la generación de energías renovables. Esta normativa, aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico con seis votos a favor y tres abstenciones, pretende diversificar la matriz energética del país y superar la crisis energética actual.
El proyecto de ley incluye reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, con énfasis en incentivar la inversión privada en proyectos que utilicen tecnologías limpias y energías renovables. Entre las principales modificaciones, se plantea la concesión de proyectos prioritarios a empresas privadas y de economía popular y solidaria, siempre mediante procesos públicos de selección liderados por el Ministerio de Energía.
Principales reformas
Entre las reformas clave que se proponen, destaca la modificación del artículo 52, relacionado con los procesos de selección pública para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de energía. Estos proyectos deberán priorizar tecnologías de energía renovable no convencional, con una capacidad de hasta 100 MW, y tecnologías de transición energética, con un límite de 50 MW.
El informe también establece que, cuando existan propuestas de iniciativa privada que no estén contempladas en el Plan Maestro de Electricidad, el Ministerio de Energía deberá evaluar su viabilidad técnica, económica y jurídica antes de proceder.
Disposiciones adicionales
La ley introduce cuatro disposiciones generales, entre las que se incluye la obligación de las empresas de generación térmica de presentar planes de transición hacia tecnologías más limpias y la posibilidad de revisar permisos para proyectos que superen los 10 MW. Además, se garantizan cláusulas de estabilidad jurídica en los contratos públicos y privados.
Asimismo, se detallan tres disposiciones transitorias, que incluyen la emisión de regulaciones por parte del Ministerio de Energía y otras entidades en un plazo máximo de 30 días, para facilitar la implementación de esta ley.
