La acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el Ministerio del Trabajo fue negada el 30 de septiembre de 2024, permitiendo al ministerio llevar a cabo el sumario administrativo en su contra. Abad calificó esta decisión como "una aberración a la justicia y al derecho".
La demanda fue analizada por la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes de Quito. En la audiencia del 26 de septiembre, se escucharon los argumentos de ambas partes. El conflicto surge por el tardío traslado de Abad a Ankara, Turquía; la Cancillería le notificó que debía llegar antes del 1 de septiembre, pero arribó ocho días después.
La defensa de Abad sostiene que una autoridad electa no puede ser destituida de esta manera, citando la Constitución que establece los únicos caminos para la destitución. Sin embargo, la jueza Mayorga argumentó que no se han vulnerado leyes ni procedimientos, ni se ha afectado la seguridad jurídica o el derecho a un trabajo digno.
Al concluir la lectura del dictamen, el abogado Damián Armijos apeló la sentencia y solicitó que el caso sea enviado a la Corte Provincial.
