Ecuador enfrenta una crisis en el abordaje de la violencia sexual en el sistema educativo, con un déficit de 6.604 profesionales en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), según la abogada Sybel Martínez, especialista en derechos de niñez y adolescencia.
El informe de Human Rights Watch publicado el 24 de julio de 2024, advirtió sobre la falta de acción por parte del gobierno ecuatoriano en el impulso de políticas públicas necesarias para combatir este problema. Entre junio de 2023 y junio de 2024, el Ministerio de Educación registró 4.441 casos de violencia sexual, 124 de los cuales ocurrieron dentro del entorno educativo.
| AÑO | PRESUPUESTO |
| 2024 | USD 30.554.288 |
| 2025 | USD 31.877.828 |
| 2026 | USD 31.877.828 |
| 2027 | USD 71.120.552 |
| 2028 | USD 71.120.552 |
| 2030 | USD 109.385 |
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 368, ha propuesto un plan para erradicar la violencia sexual en las escuelas, que incluye la contratación de más profesionales DECE. Sin embargo, el presupuesto necesario para 2024 aún no ha sido asignado, lo que retrasa la implementación de las medidas prometidas.
Casos alarmantes y medidas judiciales: El caso de **Paola Guzmán Albarracín**, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puso en evidencia la gravedad del problema en Ecuador. La CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano en 2020, ordenando medidas específicas para prevenir y erradicar la violencia sexual en instituciones educativas, pero el avance ha sido lento.
A pesar de iniciativas como la **Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS)**, oficializada en agosto de 2024, el país sigue enfrentando serios desafíos en la protección de sus estudiantes, mientras las brechas en la contratación de profesionales especializados permanecen sin resolución.
