La confrontación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad ha escalado a nuevos niveles. En respuesta a la denuncia presentada por Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género, Noboa emitió un contundente comunicado el 15 de agosto, acusando a su compañera de fórmula de querer derrocarlo para asumir el poder.
“Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara. No solo eso: los intereses que están detrás de esta denuncia me quieren fuera de la contienda electoral”, expresó Noboa en su carta, publicada apenas ocho días después de la denuncia de Abad.
La vicepresidenta presentó su denuncia en contra de Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, y la consejera Diana Jácome, argumentando que ha sido víctima de violencia política de género, una acusación que Noboa desestima como parte de una estrategia para destituirlo y asumir el control del gobierno.
Noboa no solo rechazó las acusaciones, sino que también sugirió que Abad está siendo utilizada como parte de un complot político más amplio, afirmando que “el Viejo Ecuador” busca revivir prácticas corruptas y que su vicepresidenta está jugando un rol en esta trama. Además, mencionó que la denuncia fue presentada por el abogado Oswaldo Trujillo, conocido por haber defendido a figuras criminales como el narcotraficante Reyes Torres y miembros de la mafia albanesa, lo que, según él, revela los oscuros intereses detrás de la acción legal.
En su comunicado, Noboa se mostró preocupado por las implicaciones de la denuncia, especialmente en el contexto de la crisis interna que atraviesa el país. “No les importa dejar sin Presidente de la República al país y sin Comandante en Jefe a las Fuerzas Armadas, en pleno conflicto armado interno”, declaró, sugiriendo que los opositores están dispuestos a ver al Ecuador sumido en el caos con tal de lograr sus objetivos.
La Denuncia de Verónica Abad
Verónica Abad, por su parte, argumenta que Noboa ha intentado marginarla políticamente desde que asumieron el poder. Entre sus principales quejas se encuentra la decisión de enviarla a Israel en diciembre de 2023 como embajadora, lo que interpreta como un intento de alejarla del poder. Además, Abad acusa al Ejecutivo de intentar bloquear cualquier posibilidad de que ella asuma la Presidencia temporalmente durante la campaña electoral de 2025.
Abad solicita al TCE la destitución de los funcionarios denunciados, incluida la del Presidente, así como la suspensión de sus derechos de participación política por cuatro años y una multa de 70 salarios básicos (equivalente a USD 32.200). El caso se encuentra actualmente en manos del juez Fernando Muñoz, quien, a pesar de haber sido removido como presidente del organismo, sigue ejerciendo como magistrado.
