El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aprobó la Política Nacional de Integridad Pública al 2030 mediante el Decreto Ejecutivo 337, con el fin de fomentar una cultura de integridad en la Función Ejecutiva del país. Firmado el 22 de julio, el decreto detalla un plan de ocho líneas estratégicas en un documento de 108 páginas, que estará a cargo de la institución anteriormente conocida como Secretaría Anticorrupción.
Este plan de seis años está diseñado para promover un rechazo activo hacia la corrupción, tanto nacional como transnacional, entre servidores públicos y trabajadores privados. Busca prevenir y combatir la corrupción mediante una respuesta institucional integral, fortalecer la formación de servidores públicos y evitar conflictos de interés.
La Policía Nacional de Integridad Pública será responsable de supervisar la implementación del plan, realizando un seguimiento anual que concluirá cada 31 de diciembre.
El Decreto Ejecutivo 337 define ocho líneas estratégicas para la implementación del plan:
1. Concientización sobre las dimensiones, causas y consecuencias de la corrupción.
2. Contratación pública responsable y transparente.
3. Transparencia en todas las etapas del ciclo presupuestario.
4. Prevención y manejo efectivo de conflictos de interés.
5. Uso de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
6. Responsabilidad compartida entre diversos actores en la lucha anticorrupción.
7. Gestión de riesgos y desarrollo de tipologías para enfrentar la corrupción en escenarios críticos.
8. Desarrollo de capacidades institucionales para prevenir y luchar contra la corrupción.
La aprobación de esta política llega en un momento de controversia para el presidente Noboa. En el centro de la polémica se encuentran acusaciones contra la primera dama, Lavinia Valbonesi, y otros miembros del gobierno relacionados con el proyecto inmobiliario en Ólon, Santa Elena. Las acusaciones incluyen tráfico de influencias y delitos contra la naturaleza, que han llevado a investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional.
Además, la construcción de la “Cárcel del Encuentro” en Santa Elena, un proyecto de 52 millones de dólares adjudicado sin licitación a una empresa china, ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia en la contratación y el impacto ambiental en un bosque en peligro de extinción. Las denuncias de invasión de tierras ancestrales y la falta de infraestructura adecuada han agudizado la controversia.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la transparencia, estas situaciones han generado preocupaciones y han puesto a prueba el compromiso del presidente Noboa con la integridad pública.
