La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó el 4 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue un posible perjuicio al Estado que superaría los USD 4 millones. El presunto delito habría sido cometido desde 2021 por funcionarios de administraciones pasadas y de la actual, por lo que la ministra solicita que se investigue a todos los involucrados por presunto peculado.
El origen de la problemática se remonta a finales de 2022, durante la gestión de Esteban Bernal, cuando se modificó el reglamento de convenios, eliminando el requisito de que las fundaciones que lleguen a acuerdos con el MIES tengan, al menos, un año de creación. A partir de este cambio, según Rovira, se crearon varias organizaciones que, de inmediato, firmaban cartas de intención con el Ministerio y luego cobraban a través de procesos de mediación.
Sin embargo, hasta el momento se ha detectado que 26 de estas fundaciones eran solo de "membrete", es decir, nunca brindaron servicio social alguno, ni siquiera contaban con personal, pero aun así cobraron más de USD 4 millones. Los perjudicados son más de 5.000 niños, adultos mayores y personas con discapacidad de las zonas 5, 3 y 1, que incluyen a provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
La investigación interna continúa y se sospecha que podría haber más fundaciones y organizaciones en la misma situación, que se valieron de funcionarios para concretar el perjuicio. La ministra Rovira asegura que se están tomando correctivos, como volver a incluir el requisito de un año de creación para cualquier organismo que quiera tener convenio con el MIES, someter al personal de las fundaciones a un control del MIES en lugar del cooperante, y suprimir todos los acuerdos con las organizaciones denunciadas.
