En un anuncio que sacudió al país, el Gobierno Nacional ha revelado su plan para eliminar progresivamente los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, lo que conducirá a un aumento significativo en los precios para el consumidor final. El objetivo final es que estos combustibles alcancen el precio internacional, que actualmente ronda los USD 3 por galón.
Tras seis días de silencio, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que a finales de junio se oficializará la medida, iniciando con un incremento de USD 0,26 por galón. Esto elevará el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís a USD 2,725 por galón para el público en general, a partir de julio de 2024.
Sin embargo, los dueños de taxis, tricimotos y transporte mixto recibirán una compensación por este incremento inicial. Posteriormente, se establecerá un "mecanismo de estabilización mensual" o "banda de precios" para equiparar gradualmente el costo de estos combustibles con el precio internacional.
Según explicó Luque, si el precio de la gasolina sube a nivel internacional, en Ecuador solo podrá aumentar un 5% cada mes. Pero si el precio internacional baja, el gobierno disminuirá su precio en un máximo del 10% mensual.
La compensación para los transportistas se realizará mediante depósitos directos a cuentas bancarias, reconociendo un consumo mensual de 156 galones para taxis, 90 galones para tricimotos y 145 galones para transporte mixto. Los propietarios deberán registrarse en la plataforma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta el 24 de junio.
Aunque el Gobierno niega que la medida obedece al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo multilateral ha aplaudido el retiro de los subsidios, considerándolos costosos, regresivos y perjudiciales para el medio ambiente.
Los subsidios a los combustibles, vigentes en Ecuador desde la década de 1970, alcanzaron USD 644 millones en 2023 y se estima que llegarían a USD 3.093 millones en 2024, según la Proforma del Presupuesto General del Estado. El Banco Central del Ecuador respalda la medida, argumentando que permitirá redirigir esos recursos a proteger a la población más vulnerable y mitigar el impacto ambiental.
