Dos coroneles del ejército ecuatoriano se encuentran bajo investigación por su presunta participación en una trama de delincuencia organizada, conocida como Caso Purga. El comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Riofrío, y el excomandante de la misma entidad, Freddy Játiva, habrían interferido en el sistema de justicia de la provincia del Guayas a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de favores, como la remodelación del piso del salón de presidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La Fiscalía General del Estado ha utilizado la información proporcionada por Mayra Salazar, una cooperadora eficaz y testigo protegida procesada en el caso Metástasis, para determinar la existencia de una red delincuencial que influyó en el sistema de justicia de la provincia del Guayas. El objetivo de esta red era obtener fallos favorables en casos de interés del grupo, dejando beneficios económicos y materiales.
Riofrío habría cooperado con Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, mediante obsequios y pagos de un aparente donativo para obtener un fallo favorable en lo judicial en el caso Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Játiva, por su parte, es acusado de haber pactado una decisión favorable en una acción de protección a cambio del cambio de piso del salón de la Corte.
Las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre el caso, prefiriendo que cada uno de los procesados lo haga individualmente. El juez Javier de la Cadena ha dispuesto medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como prohibición de salida del país y presentación periódica, para los militares involucrados.
