UNE exige declaratoria de emergencia en educación pública ante crítico estado de planteles

 El gremio de docentes ha lanzado un contundente llamado al Gobierno para que declare la emergencia en el sector de la educación pública. Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), esta medida es urgente para destinar recursos y priorizar políticas públicas que permitan enfrentar la alarmante situación de deterioro que enfrentan miles de instituciones educativas fiscales en todo el país.
UNE denuncia crítico estado de planteles y exige acción inmediata del Gobierno
La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha alzado la voz para demandar al Gobierno la declaratoria de emergencia en la educación pública, con el fin de que se destinen los recursos necesarios y se prioricen políticas públicas que permitan enfrentar la crítica situación actual del sector.



Según el gremio docente, las afirmaciones del Gobierno sobre una supuesta inversión en infraestructura escolar son falsas. En contraste, la UNE revela cifras alarmantes: de las 7.414 instituciones educativas fiscales en el régimen costa, solo 827 planteles se encuentran en buen estado.
La mayoría, 5.411 instituciones, están en estado regular, lo que implica que requieren reparaciones que van del 10% al 50% de su infraestructura. Además, 1.090 planteles se encuentran en mal estado, necesitando reparaciones que abarcan más del 50% de sus instalaciones. Pero lo más preocupante es que 86 instituciones educativas presentan un deterioro completo.

La UNE también desmintió las declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien afirmó que se destinaron USD 8 millones adicionales para el mantenimiento de 58 instituciones. El gremio asegura que se trata de recursos pendientes por asignar a mantenimiento escolar y que solo serían USD 7 millones destinados a atender a apenas 58 de los 7.414 planteles existentes en el régimen Costa.
Ante esta alarmante situación, la Unión Nacional de Educadores insta al Gobierno a tomar medidas urgentes y declarar la emergencia en el sector de la educación pública, con el fin de destinar los recursos necesarios y priorizar políticas públicas que permitan garantizar condiciones dignas para el aprendizaje de los estudiantes ecuatorianos.
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