En una entrevista concedida a EFE, el pasado 21 de febrero, el expresidente Lenín Moreno justificó el por qué no viajó a Ecuador para cumplir con la presentación que debe hacerla cada cuatro meses ante el juez nacional a cargo del Caso Sinohydro, por el presunto delito de cohecho.
En su diálogo con la agencia de noticias, Moreno dijo que no viajó a inicios de febrero como debía hacerlo porque por una vanidad de tenerlo ahí presente no va a poner en riesgo su vida.
En esa línea, el exmandatario señaló que tomará la decisión de viajar a Ecuador en el “debido momento”, pero aclaró que ello dependerá de la recomendación de sus médicos.
Son dos ocasiones que, a través de su abogado en Ecuador, David Meza, Moreno ha justificado por motivos de fuerza mayor su viaje al país. Y fue eso que también indicó en su entrevista, en la cual, además señaló que su esposa Rocío González, quien también es una de las 25 personas procesadas en este caso, sí cumplió con su presentación ante el juez nacional Mauricio Espinosa.
Por orden judicial, el exmandatario debe presentarse cada mes en la Embajada de Ecuador en Paraguay, como medida alternativa a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, por el ser el sitio en donde reside, y cada cuatro meses debe hacerlo ante el juez competente en Ecuador.
Al ser consultado si le resultaría mejor el arresto domiciliario, sostuvo que no le haría ningún daño, ya que tanto él como su esposa son adultos mayores y él cumple en Asunción un trabajo de atención a las personas con discapacidad.
El pasado 2 de febrero, el abogado de Moreno justificó con certificaciones apostilladas la no presentación por fuerza mayor del exmandatario, quien tuvo una intervención quirúrgica de vejiga.
Asimismo, la primera presentación en Ecuador de Moreno debía realizarse entre el 1 y el 10 de octubre del 2023, pero un certificado médico impidió que retorne al país.
Moreno y 24 personas más, entre ellas su esposa, su hija Irina Moreno, sus amigos Conto Patiño y Xavier Macías, exgerentes generales de Coca Codo Sinclair, funcionarios públicos, personal de confianza de la empresa Recorsa y representantes chinos de la empresa Sinohydro son procesadas por el presunto delito de cohecho que se habría cometido entre el 2010 y el 2018. El perjuicio al Estado ascendería a USD 76 millones.
La Fiscalía investiga cómo se distribuyeron los recursos alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, a cargo de la empresa china.
Fuente Radio Pichincha
